Radio América. El Congreso Nacional aprobó esta madrugada tras una kilométrica sesión el controversial dictamen de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, manifestó que la nueva normativa le quita transparencia y le resta credibilidad al proceso de selección y elección del Poder Judicial.
El representante del Partido Nacional en el Legislativo expresó que su institución ha cumplido con la patria señalando los retrocesos, ilegalidades y abusos de la ley.
Zambrano expresó que la misma busca debilitar el proceso de elección de la Corte. “Hemos detectado una injerencia política sin precedente”, añadió.
“Lo que busca Libre es una CSJ a la medida de ellos y de su gobierno”, subrayó el parlamentario, quien es de la opinión que lo acontecido no permitirá confianza a lo que viene.
En cuanto al controversial artículo 15 mencionó que no aceptaron la definición de miembro activos y la moción de agregar un numeral para la prohibición de autopropuestas a funcionarios de los últimos 5 años.
“Tampoco aceptaron que se estableciera la medida de prohibición para los que recibieron beneficios de amnistía política mediante el pacto de impunidad, entre otras iniciativas”.
El congresista catalogó como un “golpe a la transparencia” también el hecho que no se haya permitido la veeduría de la sociedad civil bajo el argumento de las restricciones por la covid.
¿Qué mensaje se envía con este tipo de decisiones? se le consultó al titular de la bancada del PN, quien respondió: “injerencia política y una Corte a la medida de Libre”.
Zambrano finalizó diciendo que Libertad y Refundación con la nueva aprobación a la Ley Orgánica de la Junta Nominadora pretende “poner sus mandaderos” para que cuiden y para allanar el camino a la Constituyente.
La modificación de porcentajes en la matriz de evaluación a candidatos a la CSJ también levantó el malestar de varios miembros de bancada. Bajaron los porcentajes de integridad a un 25%, el de ética en 20% y el de idoneidad pasó a un 55%.
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Con el reporte de: Héctor Murillo