El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó en el día de hoy la segunda revisión del desempeño de Honduras en el marco de su programa respaldado por el Acuerdo Stand-By y la Facilidad de Crédito Standby de dos años.
Este programa fue aprobado el 15 de Julio del 2019 por un monto de aproximadamente US$308 millones (DEG 224.82 millones), equivalentes al 90 por ciento de la cuota de Honduras en el FMI.
El Directorio Ejecutivo también aprobó un aumento en el nivel de acceso de ambos acuerdos por aproximadamente US$223 millones (DEG 162.37 millones), llevando el acceso total bajo el SBA y el SCF a aproximadamente US$531 millones (DEG 387.19 millones, 155 por ciento de cuota).
La conclusión de la revisión pondrá a disponibilidad de Honduras aproximadamente US$233 millones (SDR 169.864 millones), para ayudar al país a cubrir las necesidades urgentes derivadas de la pandemia COVID-19 en la balanza de pagos y el presupuesto, incluidos los gastos más elevados en salud y beneficios sociales.
A finales de marzo, con el fin de apoyar las respuestas de política a la crisis, las autoridades decidieron desembolsar los recursos disponibles en el acuerdo con el Fondo por US$143 millones (DEG 104.92 millones). Anteriormente, las autoridades le habían asignado al acuerdo un carácter precautorio.
Al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre Honduras, el Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio, Mitsuhiro Furusawa, realizó la siguiente declaración:
“Se espera que la pandemia COVID-19 y los choques externos asociados a esta tengan un efecto significativo para Honduras, pero las autoridades se mantienen firmemente comprometidas con el programa económico apoyado por el FMI.
A pesar de un entorno económico complejo en 2019, se han esforzado por mantener la estabilidad macroeconómica y proteger la inversión y el gasto social. Las reformas del sector eléctrico están progresando y se están tomando medidas para mejorar la gobernanza.
“Las autoridades están articulando una fuerte respuesta de políticas, incluido mediante el uso de la flexibilidad permitida bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal para aumentar temporalmente el déficit y acomodar un mayor gasto en salud y social.
Las medidas son temporales y tienen como objetivo apoyar a los grupos afectados y mitigar vulnerabilidades estructurales.
La política monetaria sigue orientada a mantener la estabilidad de precios y un nivel de reservas internacionales adecuado, mientras se mantienen los esfuerzos para modernizar el marco de política monetaria y apoyar la transición a un tipo de cambio más flexible.
Una buena administración tributaria ayudará a preservar los ingresos fiscales, lo que últimamente permitirá proteger los gastos críticos. Las autoridades esperan reanudar los esfuerzos de movilización de recursos una vez se disipe el impacto de la pandemia.
“Las autoridades continúan avanzando en las mejoras al marco institucional en el sector eléctrico. Se han incorporado al programa medidas importantes en esta área.
Estas están orientadas a fortalecer la gobernanza y facilitar el proceso de escisión de la compañía eléctrica nacional (ENEE). Las tarifas siguen reflejando el costo de proveer electricidad y al mismo tiempo incorporan subsidios para personas de menores recursos.
“Para mejorar la gobernanza, se están realizando esfuerzos para fortalecer el marco de compras públicas y el marco institucional en el banco central y el Tesoro.
Las reformas también apuntan a mejorar los marcos institucionales para las Asociaciones Público-Privadas, la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo , y la lucha contra la corrupción; así como para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, incluyendo sobre el gasto de emergencia asociado con la pandemia.
“El aumento en el apoyo del Fondo bajo el Acuerdo Stand-By y la Facilidad de Crédito Standby ayudarán a las autoridades a cubrir las necesidades de financiamiento externo para mitigar el impacto de la pandemia.”
Información: Rony Salinas
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