Radio América. Las autoridades de Gobierno “mienten con una serenidad que realmente es asombrosa, se dijo que se tenía el dinero para crear 95 hospitales y hoy la gente se está muriendo en la calle en condiciones indignas”, lamentó este miércoles el abogado Raúl Pineda Alvarado.
Al consultarle sobre la compra de los hospitales móviles para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, el experto en temas nacionales manifestó, “yo creo que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y todas las organizaciones de sociedad civil deben empezar por revisar su participación en estos gobiernos corporativos”.
Enfatizó que la Empresa Privada y las organizaciones de sociedad civil, “muy alegre y complacientemente integran en cuanto organismos los llama a formar parte de gobiernos corporativos, pero en el fondo lo que van hacer con su presencia, es a blanquear con sus acciones que lindan en el delito”, dijo.
Responsabilidad en manejo de fondos
El abogado señaló que si las organizaciones civiles y el mismo COHEP, al asumir como garante del manejo correcto, prudente, sensato de los fondos, en ese sentido, pues, estos “si tenían responsabilidad de lo que estaba pasando”, en este caso en Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) en la adquisición de los hospitales móviles.
“He visto circular una nota firmada por la secretaria de Salud (Alba Consuelo Flores) donde dice: que la orden vino directamente del Presidente de la República y ese es un tema que no se quiere tocar”, subrayó el entrevistado en Diario del Aire de Radio América.
En ese contexto, el togado se preguntó, ¿hasta dónde el mandatario Juan Orlando Hernández se saltó a los directivos de Invest-H; y hasta dónde estos consintieron la tradicional actitud obsequiosa de los representantes de la sociedad civil con el Gobierno, y que la operatividad de esas acciones le iba a causar un problema al Estado de Honduras, pero en ese sentido, ¿la investigación va definir si hubo actos de corrupción o no?, indicó.
Pese a que todo apunta de que la investigación concluiría que hubo corrupción, sin embargo, el profesional del derecho subrayó, que, existe violación a la normativa interna de Invest-H, se pasó el umbral de lo prudente y se arriesgó exageradamente el patrimonio del Estado, se incumplió el compromiso de la entrega de los hospitales, en la “que sostengo, que eso no era una compra de emergencia debido a la tardanza en la instalación de los hospitales”.
Para Alvarado, no basta que en Invest-H digan en que se gastó el dinero y que se suban las cifras y la información al portal de transparencia, sino verificarla, en donde el papel del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) es muy cuestionable, aunque no le están dando los suficientes recursos para que este organismo haga su trabajo, el cual hace que la rendición de cuentas en el país, sea un “discurso meramente retórico”.
Ante el eventual incumplimiento en la entrega de los otros cinco hospitales móviles en la que el Gobierno afirma que iría a una acción legal internacional para la recuperación de los recursos, Pineda expresó, “fue tan irresponsable el desarrollo de esa actividad que se pagaron casi 48 millones de dólares, sin que hubiera un mecanismo de garantía que asegurase el cumplimiento de la obligación”.
Recuperación de Fondos y cinismo
“Qué no pretendan engañar a la gente de que ese dinero se va a recuperar si no media una sentencia condenatoria y el patrimonio que la garantiza, sino, pues va ser una declaración simbólica que no va permitir la recuperación de los fondos mal gastados”, adelantó el abogado Pineda.
A raíz de esa situación, para Raúl Pineda Alvarado, “el Gobierno está tratando de ganar tiempo y calmando la tempestad. Es admirable el cinismo con que se manejan estos temas de que la Procuraduría General de la República va recuperar el dinero, pero lo importante, es decir: cómo se va recuperar esos recursos”, puntualizó el analista hondureño.
Información: Lesman Morazán
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