Radio América. El director de incidencia Política de la Asociación para una Sociedad más Justa, indicó este jueves que al menos 10 puntos críticos han sido identificados por ASJ durante el proceso electoral que si no se atienden podrían incrementar la violencia en el país.
El informe es un llamado de atención para que autoridades y ciudadanía tomen acciones frente a un histórico proceso que determinará el destino del país en los próximos años, apuntó.
El análisis incluye recomendaciones para lograr un proceso de elecciones que deje satisfechos a todos los ciudadanos, partidos políticos y que sea el primer paso para recuperar la institucionalidad de Honduras.
La ASJ y la iniciativa Voto Informado Honduras presentaron este día un informe de observación preelectoral que recoge 10 puntos críticos para garantizar un proceso electoral transparente y en paz el próximo 28 de noviembre.
“Hay elementos que pueden condicionar la calidad de las elecciones”, apuntó Ramirez en declaraciones a Radio América.
El ente de sociedad civil agregó que la institucionalidad ha quedado en deuda y el uso de tecnología en vez de dar certeza ha dejado más incertidumbre en los procesos.
Lo que se transforma en la pérdida de confianza y desemboca en protestas que afectan la economía y dejan llena de luto a las familias hondureñas, señaló.
El informe de ASJ y Voto Informado contiene el análisis de la tardía aprobación de una nueva Ley Electoral, las experiencias obtenidas por la iniciativa juvenil Voto Informado como observadores del proceso de enrolamiento y Elecciones Primarias de marzo pasado.
De igual forma menciona el retraso en la entrega de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), las denuncias de fraude en este proceso interno y la incertidumbre de la actuación de las capacidades del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por la no aprobación de la Ley de Procesal Electoral, entre otras.
Además, se consideran los problemas al interior del CNE, las tardías adjudicaciones en la compra de la tecnología esencial para el proceso, la falta de consolidación de la Unidad de Política Limpia para proteger el financiamiento de campañas de dinero ilegal producto de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado; así como los efectos de la pandemia de COVID-19.
Un eje vital en este análisis es el seguimiento a la conflictividad nacional y el riesgo de que se escale la violencia política de tipo electoral por la pugna de poder y mensajes de campaña que incitan a la polarización, apuntó.
ASJ agregó que ha dado seguimiento de forma permanente a la crisis poselectoral de 2017 y ha trabajado junto a todas las instituciones relacionadas para lograr reformas integrales que blinden los procesos.
De la misma forma se busca que los procesos se vuelvan verdaderas fiestas cívicas democráticas donde se respete la voluntad del soberano expresada en las urnas.
El documento presentado hoy detalla la situación actual y una recomendación sobre temas puntuales como: el Censo Nacional Electoral, el Documento Nacional de Identificación, el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales y el lector de huellas dactilares.
Asimismo el financiamiento de campañas políticas, la conflictividad y violencia política, las Juntas Receptoras de Votos, las impugnaciones y recursos legales en materia electoral, la gobernabilidad del CNE y la observación electoral.
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Con información: Javier Rivera y ASJ