-Unas 1,339 quejas que revelan la crítica situación y las múltiples violaciones a los derechos humanos que enfrentan las personas privadas de libertad, en los distintos centros penales del país, atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) entre el 2019 y el 2022, según datos revelados por la Unidad de Estadísticas de este ente estatal.
La falta de atención en los servicios de salud, abusos de autoridad, hostigamiento, torturas, malos tratos a los familiares, retardo en la aplicación de justicia, hacinamiento, la falta de servicios básicos y la violencia al interior de los centros penales, que ha dejado como saldo más de 70 muertes violentas, durante ese período, es el escenario que a diario enfrentan los privados de libertad, según el relato de familiares y los propios afectados.
Hasta ahora, ha sido evidente el incumplimiento, por parte del Estado de Honduras, de asegurar las garantías fundamentales y el respeto a la dignidad inherente a las personas privadas de libertad en el país.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre expresó que, personal de este ente estatal, realiza periódica y constantemente visitas de monitoreo a los 26 centros penales, a nivel nacional, con la finalidad de constatar cualquier vulneración a derechos humanos, incluidos actos de tortura, levantar quejas y dirigir la información a las autoridades pertinentes para que inicien las diligencias investigativas.
Se estima que, alrededor de 20,000 personas están privadas de su libertad en los diferentes centros penitenciarios del país.
Entre el 2019 y el 2023, el CONADEH realizó unas 1,900 inspecciones en centros penitenciarios, centros pedagógicos y postas policiales.
Durante las visitas, el CONADEH recomienda a las autoridades que cumplan con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y que, posteriormente, se le da seguimiento que corresponde.
Destacó que, las modalidades violatorias, en su mayoría, responden a las condiciones deplorables a las que son sometidos las personas privadas de libertad, quienes son colocadas en las celdas de castigo por un largo periodo de tiempo, suponiendo así una forma de tortura.
El abuso de autoridad, es de las principales vulneraciones que sufren las personas privadas de libertad, se estima que, el 31% de quejas están relacionadas con el trato no adecuado por parte de las autoridades o custodios penitenciarios como, golpes y traslados de celdas sin explicación.
A lo anterior se suman las condiciones deplorables a las que son sometidos los privados de libertad en celdas de castigo.
Alrededor del 14% de las quejas, presentadas por las propias víctimas y sus familiares, indican que, en innumerables ocasiones se les mantiene encerrados por largos periodos de tiempo sin las condiciones necesarias para cumplir las sanciones impuestas. Algunos peticionarios manifestaron que de manera injusta son sometidos a esos correctivos.
La Defensora del Pueblo explicó que, el derecho a la vida e integridad personal revisten un carácter esencial en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, toda vez que, forman parte del núcleo inderogable y presuponen el disfrute de los demás derechos humanos.
“Los actos de tortura atentan directamente contra la vida, salud e integridad física o mental de sus víctimas. Por lo tanto, existe un consenso internacional en cuanto a la estricta prohibición de todo acto que inflija cualquier tipología de tortura, trato cruel, inhumano o degradante”.
Indicó que, de acuerdo a los Principios de Paris, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos son la piedra angular de los sistemas de protección nacional de los derechos humanos, y, en específico, contribuyen a la adopción de medidas idóneas para la prevención de actos de tortura.
En el 2022, el CONADEH creó la Defensoría de Personas Privadas de Libertad, con el objetivo principal de mejorar las condiciones de vida y velar por los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad que se encuentra en mayor riesgo de sufrir actos de tortura.
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