-Los problemas estructurales que mantienen a seis de cada 10 hogares hondureños en la pobreza persisten en el país, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y el Instituto de la Justicia.
Lo anterior en la quinta entrega de la serie “Estado de país”, denominada “Desafíos y oportunidades para la economía hondureña”.
En la presentación del informe, realizada en la capital industrial, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional apuntó que si bien el crecimiento económico registrado en 2023 fue de 3.9 %, resulta insuficiente para mejorar el bienestar de la población.
En 2023, las familias con mayor poder adquisitivo recibieron 14 veces más ingresos mensuales que las familias de menos ingresos, con una leve mejora respecto a 2022.
Después de Nicaragua, Honduras fue el país de Centroamérica donde más aumentaron los precios de los alimentos y servicios esenciales, como alimentos, insumos de cuidado personal, salud y educación.
En el caso particular de la canasta básica alimentaria, esta incrementó en 7 % respecto a 2022 y 29 % en comparación a 2021. Los hondureños pagaron L 12,240 por los productos alimenticios esenciales; sin embargo, el ingreso promedio por hogar asalariado privado fue de L 16,082 mensuales.
Por otro lado, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entre septiembre de 2022 y junio del 2023, se perdieron 24,908 empleos y 8 de cada 10 personas ocupadas se encontraban en informalidad laboral, lo que limita el desarrollo de la población.
Sumado a esto, la inversión -como factor clave para mejorar las condiciones de Honduras- ha disminuido los últimos ocho años mostrando un leve incremento en 2023 comparado a 2022. No obstante, Honduras fue el segundo país peor evaluado en Centroamérica en cuanto al Estado de derecho y con el índice de eficacia del gobierno más bajo, según indicadores internacionales.
En un ambiente de incertidumbre, las reservas internacionales disminuyeron un 10 % en 2023, lo que genera presión al tipo de cambio y aumenta riesgo de devaluación del lempira frente al dólar estadounidense.
En cuanto a la ejecución presupuestaria, fue mayor a la de 2022; pero 20 % de esta fue ejecutada en diciembre, limitando a la población de servicios públicos oportunos. Por otra parte, el 88 % de los fondos se destinaron a salarios, servicio de deuda, transferencias por ley y solo 12 % a bienes capitalizables, materiales y suministros.
Para enfrentar los desafíos en materia de economía y finanzas, ASJ recomienda al gobierno hondureño emitir políticas públicas integrales, orientadas a incentivar la producción nacional, diversificar la oferta exportable, a fin de generar empleo y bienestar a la población.
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