Radio América. La presidenta Xiomara Castro el miércoles ordenó a las Fuerzas Armadas habilitar las Islas del Cisne como centro penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad, que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados, tras el hecho violento sucedido el martes en donde violentamente perdieron la vida al menos 46 privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Támara, Francisco Morazán.
En ese contexto el profesional del derecho Héctor Pérez, consideró que en este momento no es factible crear un centro penal en la Isla del Cisne si la misma la seguirá manejando el personal penitenciario corrupto.
El abogado, además, consideró que previamente debe realizarse un análisis de factibilidad ambiental para ver qué tan conveniente es que se construya una granja penal en las Islas del Cisne por ser considerada reserva natural por sus tierras vírgenes.
«Si queremos acabar con las masacres y la corrupción existente en el sistema penitenciario, pues no hay necesidad de crear más cárceles, sino atacar a los corruptos que manejan las cárceles», apuntó el entrevistado en Radio América.
Cabe señalar que la subsecretaria de Seguridad y quien hasta el miércoles fungió como presidenta de la Comisión Interventora de los Centros Penales, Julissa Villanueva, denunció que en el sistema carcelario del país hay un «mar de corrupción».
En ese sentido, el experto en leyes cree que debe empezarse las líneas de investigación para requerir a las personas que se coluden con los prisioneros para por medio del soborno dejar ingresar dinero, armas y hasta mujeres.
Para el entrevistado de nada servirá construir más granjas penales, si serán los mismos corruptos que las administren.
Cabe mencionar que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asumirá a partir del 1 de julio del presente año la coordinación, dirección y control de los 21 centros penales del país, por un periodo de un año, tiempo en el cual debe reclutar, capacitar y formar por lo menos 2 mil nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Del mismo modo, se solicitó al Poder Judicial, de acuerdo con los procedimientos de Ley, conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a todas las mujeres que se encuentran en la PNFAS que no están condenadas y a aquellas que sufren de enfermedades terminales, y preservar la prisión a quienes se consideran de alto peligro. Así mismo, recibimos con agrado el Programa de Amparos Correctivos ordenado por este Poder del Estado, en todos los centros penales del país.
Información: Edilson Banegas
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