Radio América. A criterio del abogado Rafael Canales, la compra de los hospitales móviles no fue una estafa, sino un acuerdo previo entre las partes involucradas en la adquisición de ese equipo médico.
“No creo que sea una estafa directa, porque eso es cuando hay un engaño, pero en la compra de los hospitales parece que hubo una confabulación o un acuerdo previo. Si bien es cierto que el director ejecutivo (Marco Bográn), no notificó a la Junta Directiva de Invest-H y también la Secretaría de Finanzas autorizó los desembolsos, no se puede decir ignorancia de la ley de los procedimientos administrativos que debe llevar una compra con esa cantidad de dinero”, explicó el togado.
“Creemos que no hay una inobservancia total en los procesos como en la Ley de Contratación del Estado, y sin ninguna garantía de cumplimiento y mucho menos de calidad que estipulan todos los contratos; pues es raro que haya países del mundo que paguen el 100% de los hospitales”, aseveró el abogado hondureño.
El profesional del derecho reiteró su criterio de que la compra de los hospitales no es una estafa, sino una cuestión acordada o confabulación.
A raíz de eso Canales dijo que la Procuraduría General de la República ya debe tomar cartas sobre el asunto o proceder de inmediato, no solo por lo que viene en los hospitales, sino el perjuicio económico contra el Estado de Honduras.
Asimismo, que el Estado está sujeto a una indemnización grande por los atrasos, equipo usado y por otros elementos en la compra de los hospitales en contra de la salud de los hondureños.
“Es un perjuicio incalculable para el Estado de Honduras que, aunque vengan los 7 hospitales móviles, entonces, se debe interponer acciones nacionales e internacionales que en derecho corresponden”, concluyó el entrevistado en Radio América.
Información: Estela Rovelo
