Radio América. Al referirse a la ley del uso obligatorio de mascarilla para contener el avance del Covid-19 en el país, pero que la no utilización de la misma conlleva una multa de 200 lempiras, el abogado Marco Zelaya, manifestó, “nosotros más bien pedimos cuentas al actual Gobierno sobre qué ha hecho con los más de 80 mil millones de lempiras en la que prometió dar seguridad alimentaria con el saco solidario, ahora minibolsa a la población”.
En ese sentido, el penalista aseguró, “no hemos visto en las últimas semanas que se continúe con la entrega de alimentos a las personas menos favorecidas del país. Es por eso que nosotros consideramos que esta ley atenta contra el bolsillo del pueblo hondureño, porque tenemos casi 90 días de no trabajar”, afirmó.
Ante eso, el profesional del derecho ponderó, de si qué prevalecerá más la compra de mascarilla (costo 25 lempiras c/u) que “cuidadosamente solo durará una semana”, respecto a que la mitad (4.5 millones de hondureños) por falta de recursos no pueden tener acceso al insumo de bioseguridad para protegerse del virus.
“Pienso que el Gobierno en una forma desesperada, por la inoperancia que han demostrado en esta pandemia, está tratando un efecto de obligatoriedad para portar una mascarilla; la obligación más bien es del Estado de proveerlas a las personas que no pueden tener acceso a ellas”, evidenció el penalista.
Además, el abogado señaló que los millonarios fondos en primer lugar estaban destinados a garantizar la seguridad alimentaria y para dar los kits mínimos de bioseguridad a las familias menos favorecidas o que no cuentan con suficientes recursos.
El entrevistado también recordó que a la mayoría de la población sobre todo en las periferias de las grandes ciudades, no se les ha permitido trabajar en las microempresas, en los mercados, a vendedores en las aceras y en sus hogares, quienes ya no tienen dinero debido al sometimiento de dos meses de confinamiento por el Covid-19.
«Descomposición Social»
Ante eso, Zelaya adelantó que los policías y militares detendrán a las personas y las obligará al pago de la multa previo a su liberación, advirtiendo que esa situación podría generar una descomposición social, porque los ciudadanos no podrán pagar los 200 lempiras cada vez que sean detenidos.
Para evitar esas cosas, el togado propuso al Gobierno buscar mecanismos que le den tranquilidad al pueblo, y no generar situaciones que los hondureños no quieren, entre ellas, una convulsión social.
Información: Estela Rovelo
