Radio América. Serias complicaciones en el proyecto de más de 10 mil soluciones habitacionales que construiría el Gobierno de Honduras en la salida de la capital hacia el sur del país, y, además, se advierte posibles enfrentamientos en caso de no existir la intervención gubernamental a través del Instituto de la Propiedad, para poner fin al conflicto sobre la propiedad de los predios.
Ante eso, el abogado Antonio Chavarría, representante legal de propietarios ancestrales de los terrenos denominados “Lomas del Diamante” en donde se construiría el complejo habitacional Ciudad Morazán, manifestó, “este es un tema álgido y complicado y la problemática es en virtud de que el presidente Juan Orlando Hernández anunció con bombos y platillos el proyecto de solución a las personas con recursos limitados mediante viviendas sociales de bajos costos”.
“Es un proyecto muy bueno porque hay un gran déficit de viviendas en el país, por lo que la mayoría de los que han gobernado a Honduras en sus campañas ofrecen que construirán miles de soluciones habitacionales para la gente de escasos recursos, pero la realidad de este proyecto es que nunca se realizó en donde estuvieron involucradas varias personas”, subrayó el entrevistado.
No obstante, el profesional del derecho indicó que el mandatario Hernández lo retomó. «En Honduras y en Tegucigalpa no nos oponemos a que exista ese tipo de proyectos, pero en este hay un gran conflicto que hasta puede haber una tragedia, sin embargo, el Gobierno lo ha ofrecido, pero no es dueño de los terrenos porque tienen propietarios particulares y ancestrales», afirmó el abogado.
Chavarría informó que uno de los dueños de la propiedad ha tenido que acusar criminalmente a un “grupo disociador que aparentemente es patrocinado, fomentado y protegido desde las esferas del poder y de otras personas conocidas en Honduras como invasores de oficio o que usurpan terrenos privados”.
Pese a las mencionadas acciones, el togado consideró, «lo correcto es que el Gobierno primero respetará el Estado de Derecho o las propiedades de los particulares quienes también están en la mayor disposición de vender sus terrenos al Estado, siempre y cuando les pague un justiprecio».
Agregó que los dueños de los terrenos también están interesados, y como parte de las negociaciones, quieren pedirle al Gobierno que a la gente de los asentamientos se les incluya en el proyecto habitacional de vivienda social.
“La solución sería que el Gobierno tuviera la responsabilidad y el respeto de sentarse con los dueños y llegar a un acuerdo en cuanto a la tenencia de la tierra y el pago de la misma. Hay suficiente documentación de los privados que tienen ahí de estar hasta 70 años como propietarios de los terrenos”, afirmó el abogado en declaraciones a Radio América.
Ciudad Morazán “está ubicada en una zona de amplio crecimiento y desarrollo que es la zona sur de la capital. Va a ser bañado por el nuevo interconector entre la salida al sur y oriente. Estará dividido en 18 circuitos para beneficiar a 50,000 personas”, explicó Mario León Gómez, arquitecto del megaproyecto habitacional.
Este proyecto está dirigido para personas de bajos recursos, de ingresos medios hacia abajo, es decir, que ganan entre dos y seis salarios mínimos.
Se estima que en la capital viven alrededor de 1.5 millones de personas, por lo que Ciudad Morazán deberá ser el primero de varios proyectos ejecutados bajo esta modalidad.
Información: Lesman Morazán
