Radio América, La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admitió este miércoles “sin suspensión del acto reclamado” los recursos presentados por los abogados Luis Javier Santos, Mario Urquía, Omar Bonilla y Juan Rafael Soto. quienes fueron excluidos del proceso de selección de candidatos a Fiscal General de la República y Fiscal Adjunto.
En ese contexto, el abogado Urquía reaccionó manifestando que, si los magistrados actúan de forma expedita, en un término de 15 días podrían tener resolución, lo cual les daría posibilidad de seguir en carrera por la titularidad del Ministerio Público ya que el proceso aún no concluye en el Congreso Nacional.
El profesional del derecho aseguró que el recurso cumple con todos los requisitos de admisibilidad, en tanto se abre el procedimiento para establecer si, se han vulnerado sus derechos constitucionales de optar a cargos públicos, así como al debido proceso y el respeto al principio de legalidad que la Junta Proponente debió haber observado en el caso de la tacha declarada con lugar, en donde se violaron normas de orden público y los protocolos.
El entrevistado detalló que la presentación del Recurso con Suspensión del Acto Reclamado fue con la pretensión de que el proceso de la Junta Proponente se detuviera en la etapa de entrevistas o audiencias públicas de candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto.
Sin embargo, el proceso continúa abierto porque el Congreso de la República no ha procedido a la elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto, por ende, eso significa que el recurso tiene todas las posibilidades de tener efectividad.
Si se apega a lo anterior, Urquía, cree que se obtendría una solución de fondo a más tardar en 15 días lo cual daría lugar a establecer la vulneración que ocurrió. Asimismo, para establecer un precedente en contra de la arbitrariedad y la ilegalidad con que actuó la Junta Proponente.
El entrevistado sostiene que, con la vulneración del derecho de optar a cargos públicos, la justicia constitucional debe reestablecer el derecho en el caso de encontrar vulneración en el procedimiento que se va a sustanciar.
«La Junta Proponente actuó de forma arbitraria e ilegal vulnerando derechos y eso trae consecuencias de tipo legal contra los funcionarios públicos que realizaron tal labor. El propósito es defender nuestros derechos como la postulación a Fiscal General y Fiscal Adjunto, por tanto, ellos tienen el deber de luchar por los derechos de la sociedad», puntualizó el profesional de las leyes.
Información: Reynel Gutiérrez
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