Abogados defensores presentarán recurso de apelación ante formal procesamiento contra Marco Bográn y Moraes

Radio América. Un tribunal de Tegucigalpa dictó este jueves «auto de formal procesamiento» y «prisión preventiva» contra dos exfuncionarios hondureños implicados en la compra irregular de dos hospitales móviles en Turquía para enfrentar la pandemia de covid-19 que desde marzo de 2020 afecta a Honduras.

Los exfuncionarios acusados son Marco Bográn y Alex Moraes, exdirector y exadministrador de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), respectivamente.

Ante la resolución judicial, el abogado de los ex-directivos de Invest-H, Marco Tulio Castro, informó de la presentación de un recurso de apelación y explicó que el auto de formal procesamiento, «es una medida provisional, ya que todavía no existe certeza de que Marco Bográn y Alex Moraes hayan cometido delito alguno».

«Nosotros le pedimos a la jueza que nos otorgara medidas distintas a la prisión, pero ella no accedió, porque los presupuestos se daba para que eso ocurriera», indicó el togado defensor.

El profesional del derecho fue enfático al manifestar que en el juicio está claro y contundentemente demostrado, tanto, con la prueba del Ministerio Público y como en la nuestra: que Marco Bogran y Alex Moraes no tomaron un centavo partido por la mitad del Estado de Honduras.

Así como que los dos exfuncionarios actuaron debidamente autorizados por decretos ejecutivos y legislativos, es decir, que ambas personas actuaron conforme a ley para la adquisición de los hospitales móviles para enfrentar la pandemia del coronavirus que en mas de un años azota al país con mas de 4,900 fallecidos y cerca de los 200 mil contagios.

«Nos vamos a reunir el equipo de defensa para elaborar un recurso de apelación y presentarlo a mas tardar el martes, en el cual vamos a expresar los agravios que nos causa la resolución de («auto de formal procesamiento» y «prisión preventiva»), puntualizó el abogado Castro.

Bográn y Moraes enfrentan auto de formal procesamiento por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos de fraude en perjuicio de la administración pública, dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.

Información: Estela Rovelo

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