VOA –La Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, está ampliando sus programas en México para ayudar a este país a hacer frente al creciente número de solicitudes de asilo y asistir a los solicitantes durante el procesamiento de sus casos.
El número de personas que solicitan asilo en México ha aumentado drásticamente en los últimos años. La Comisión para Asistencia a los Refugiados de México dice que entre 2014 y 2019 las solicitudes de asilo registradas se dispararon de 2.000 a 70.000 por año, un aumento de más del 3.000%.
ACNUR reporta que las solicitudes de asilo se redujeron significativamente durante la mayor parte del año pasado debido a los cierres de fronteras por la pandemia de COVID-19 y otras restricciones de movimiento.
No obstante, la portavoz de la agencia, Aikaterini Kitidi, dijo que los números saltaron de nuevo en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar una cifra mensual récord de más de 9.000 en marzo.
“La mayoría de las solicitudes de asilo están relacionadas con la violencia que afecta a cientos de miles de personas en partes de Centroamérica, que incluyen amenazas, reclutamientos forzados, extorsiones, violencia sexual y asesinatos. También son un indicador de los esfuerzos significativos que México está haciendo para ofrecer protección a quienes huyen por sus vidas”, explicó.
Kitidi dice que ACNUR está trabajando para reducir el inmenso atraso en las solicitudes de asilo y ayudando a México a expandir sus procedimientos de asilo ampliando su capacidad de registración y proceso de los casos.
“Hemos aumentado nuestros propios programas para asistir a los solicitantes de asilo con sus reclamos y para ayudar a los refugiados reconocidos a integrarse en las comunidades que los acogen. Entre otras, hemos lanzado un innovador programa bajo el cual los refugiados son reubicados y pueden aprovechar oportunidades de empleo y educación en ciudades del centro y el norte de México”, agregó.
También dijo que la administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió la ayuda de ACNUR para ayudar a poner fin al programa Permanecer en México, instituido por su antecesor Donald Trump.
Esta política de regresar a México a los solicitantes de asilo que no sean mexicanos hasta que obtengan una cita ante un juez de inmigración de EE.UU. para exponer sus casos ha sido duramente criticada por los activistas de derechos humanos, que alegan que expone a miles de migrantes vulnerables a la explotación, los secuestros, las extorsiones y los asaltos sexuales de pandillas que operan en territorio mexicano.
