Radio América. El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras presentó este martes una acusación contra el exministro hondureño de la Presidencia Ebal Díaz, quien vive en Nicaragua, y otras catorce personas, acusadas por delitos de corrupción asociados a un proyecto de viviendas para más de 10.000 familias.
La acusación fue presentada en representación de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), dijo a los periodistas el fiscal general del Estado Johel Zelaya, quien resaltó que Díaz también fue miembro presidente del Consejo de Administración del Instituto de la Propiedad (IP).
«Megafraude»
Díaz «dirigió una estructura criminal para orquestar un megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10.000 familias hondureñas», agregó Zelaya, quien presentó la acusación.
Según la denuncia, los acusados incurrieron en delitos como «asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta entre otros».
El fiscal señaló que contra los acusados se ha solicitado que «se giren las respectivas órdenes de captura nacional e internacionalmente y se decrete la inmediata alerta migratoria».
Ebal Díaz en Nicaragua
En el caso de Díaz, ministro de la Presidencia durante el Gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien en junio fue condenado a 45 años de prisión en Nueva York por narcotráfico, huyó a Nicaragua en 2022.
Zelaya expresó que se buscará por los medios diplomáticos que Ebal Díaz pueda regresar al país para que responda por los delitos que han motivado la acusación en su contra.
Entre las otras catorce personas figuran exfuncionarios y empresarios.
Con el proyecto de viviendas el Estado hondureño fue defraudado con 294 millones de lempiras (11,8 millones de dólares) y ahora le corresponde al Poder Judicial hacer lo suyo con las «suficientes pruebas» presentadas contra los acusados, recalcó Zelaya.
El flagelo de la corrupción
La corrupción es un flagelo que ha minado las estructuras gubernamentales y privadas de Honduras a lo largo de su historia, en gran medida con la complicidad de las mismas autoridades, que han fomentado la impunidad, según diversas fuentes, entre ellas la iglesia católica y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, prometió al asumir el poder, el 27 de enero de 2022, que traería una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en el país, con el apoyo de las Naciones Unidas.
Pero a casi a tres años de su mandato, el Parlamento no ha aprobado algunas recomendaciones hechas por la ONU, con lo que, según analistas, se está evidenciando que no hay la voluntad política para combatir la corrupción. EFE.
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