Radio América. Una crisis energética como lo advertido la Asociación para una Sociedad mas Justa (ASJ), sería «terrible» para la economía del país y graves repercusiones a los abonados que serían los más afectados, advirtió en las últimas horas el empresario capitalino, Eliseo Castro Pavón.
«Una crisis en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), implicaría una pérdida económica para el Estado y a la industria, el turismo y en otros rubros que dependen estrictamente del tema energético para realizar sus actividades productivas y así darle una respuesta al país con las divisas», señaló el entrevistado.
Sin embargo, Pavón consideró que el daño mas horrible o de grandes repercusiones lo absolvería la población hondureña que trata de salir adelante en el país.
En ese sentido y en vista de los problemas energéticos, Eliseo instó a las autoridades gubernamentales realizar las acciones pertinentes para evitar una crisis en materia de energía eléctrica.
«Si la Empresa Energía Honduras (EEH) no ha sido la respuesta en cuanto a lo pactado (reducción de pérdidas), entonces el Gobierno tiene la última palabra para darle solución a los hondureños que no se merecen repercusiones de que no haya energía eléctrica», puntualizó el empresario nacional.
Informe revela que Gobierno paga a EEH $.10.5 millones, pero la empresa no cumple con reducción de pérdidas
Cabe mencionar que el jueves la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), sostuvo que la problemática actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se debe a una débil institucionalidad, alta injerencia política, sobreendeudamiento para cubrir gastos, débil recaudación de fondos, contratos ambiciosos y decisiones tomadas sin participación abierta y con limitantes para acceder a la información.
Indicó que a nivel centroamericano, Honduras ha sido el país con las pérdidas más altas en las últimas décadas. El estudio “El verdadero precio de la energía eléctrica en Honduras”, realizado por la ASJ, reveló que las pérdidas técnicas y no técnicas representan el 35% de la energía producida y son las que más encarecen el precio de la energía.
El organismo señaló que las pérdidas incrementan el valor del kilovatio hora (kWh) de 3.35 a 5.16 lempiras. Esa energía eléctrica, aunque no se sabe quién la consume, sí se le carga al pueblo hondureño cada mes. Solo parte de este costo se ve en la tarifa de la factura mensual; sin embargo, gran parte de este precio es invisible y el pueblo lo paga mediante impuestos y otros mecanismos de recaudación fiscal del Estado.
Los hallazgos del informe demuestra que los altos niveles de mora también encarecen el precio del kWh a un valor de 9.31 lempiras, estableciendo que, por consecuencia de las pérdidas y moras, el verdadero precio de la energía para 2020 y los años anteriores ha sido más del doble de lo que se ha visto reflejado en la factura.
El capítulo de Transparencia Internacional en Honduras mostró que parte de la responsabilidad de esta crítica situación recae en el contrato que se mantiene con la Empresa Energía Honduras (EEH), a la cual el gobierno paga 10.5 millones de dólares mensuales, aunque no cumpla con los objetivos del contrato. EEH no ha logrado reducir las pérdidas, más bien han crecido en un 34%, la inversión prometida de 121 millones de dólares ha sido solamente de 33 millones y la mora en la recaudación y facturación se encuentra por arriba de los 10 millones de lempiras.
El análisis brindó una serie de recomendaciones en busca de soluciones reales y sostenibles en el fortalecimiento de la institucionalidad por medio de procesos competitivos y transparentes, la reducción de influencia política, aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica, realizar análisis de riesgo fiscal a fin de evitar más endeudamiento y control del fisco con mayor intervención.
Ante la situación, la ASJ consideró necesario que las próximas autoridades tomen como prioridad la problemática del sector energético del país y logren establecer soluciones integrales a largo plazo con intervención de diferentes actores sociales, incluyendo la empresa privada, academia y sociedad civil.
