Panamá, 27 feb (EFE).- El informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre América refleja un retroceso o estancamiento en la protección de los derechos humanos en Centroamérica que coincide o resulta paradigmático con lo que sucede en el resto del continente.
«La región de las Américas continuó siendo la más peligrosa del mundo para los defensores y defensoras de los derechos humanos y para quienes ejercían el periodismo», afirma el informe en su introducción, en la que Nicaragua, Honduras y Guatemala son unos de los países más mencionados como ejemplos.
Según AI, durante 2019 «la desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones continuaron siendo una realidad habitual en toda la región de las Américas, lo que para miles de personas se traduce en violaciones de derechos humanos cotidianas».
NICARAGUA: 328 PERSONAS ASESINADAS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO O GRUPOS PROGUBERNAMENTALES
«Al concluir 2019, al menos 328 personas habían sido asesinadas, principalmente por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados progubernamentales, y otras más de 2.000 habían resultado heridas» en el curso de las protestas sociales desencadenadas en abril de 2018, denuncia AI, que considera que en el último año «prosiguió la peor crisis de derechos humanos de los últimos decenios en Nicaragua».
«El Gobierno permaneció cerrado al escrutinio internacional y no permitió la entrada de organismos internacionales de derechos humanos», recuerda AI y lo califica como una «estrategia de represión contra las protestas y las voces disidentes» al mencionar que «al menos 65 personas permanecían detenidas por motivos políticos al concluir 2019».
«Los periódicos impresos atravesaban una situación precaria debido a la decisión de las oficinas de aduanas de seguir incautándose del papel y tinta importados» y «al menos un centenar de periodistas y profesionales de medios de comunicación habían huido del país al concluir 2019», señala en su informe la organización mundial de defensa de los Derechos Humanos.
La población nicaragüense, según el estudio de campo realizado durante 2019, sufre «constantemente actos de intimidación y hostigamiento por parte de la policía, grupos armados progubernamentales y redes locales de vigilancia vinculadas al Gobierno».
GUATEMALA: LAS AUTORIDADES DEL PAÍS ESTÁN AL SERVICIO DE LA IMPUNIDAD
«Las autoridades continuaron obstruyendo la lucha contra la impunidad», lo que pone «en peligro la justicia y el Estado de derecho», considera AI y advierte que «los niveles de impunidad e inseguridad siguieron siendo elevados» durante 2019.
«El Gobierno consiguió cerrar de manera definitiva la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)», lo que ha derivado, según AI, en que durante 2019 «las más altas autoridades socavaron sistemáticamente los importantes logros en materia de justicia y derechos humanos conseguidos en el último decenio».
En Guatemala, al concluir su estudio AI «se encontraban en especial peligro las personas que se centraban en defender la tierra, el territorio y el medioambiente, las que luchaban contra la impunidad en casos relacionados con el conflicto armado interno o en casos de corrupción asumidos por la CICIG».
«La violencia, la desigualdad y la pobreza continuaron siendo los principales factores de expulsión para la migración forzada desde el país, y llevaron a miles de personas guatemaltecas a buscar protección en México y Estados Unidos», resalta el informe.
HONDURAS: BRUTALIDAD Y ASESINATO CONTRA MANIFESTANTES Y DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
«Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo ataques, que incluían asesinatos y el uso indebido de procedimientos penales contra ellos», denuncia AI, así como que «las fuerzas de seguridad hondureñas reprimieron con brutalidad las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y junio».
«Los niveles persistentemente altos de criminalidad y violencia, impunidad, desigualdad y pobreza hicieron que miles de personas huyeran de Honduras, de forma individual o como parte de varias ‘caravanas’ que buscaban refugio en Estados Unidos y México», continúa el informe.
«La mayoría de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos continuaban impunes» en 2019, señala.
EL SALVADOR: EXTREMA VIOLENCIA, MIGRACIONES FORZADAS Y ATAQUES A LA LIBERTAD DE PRENSA
«El elevado grado de violencia siguió provocando desplazamiento interno y migración forzada» durante 2019, observó AI, además de «restricciones a la libertad de prensa y limitaciones en el acceso a información oficial».
«Muchas de las personas que dejaban sus comunidades o el país-explica AI- huían de los efectos del control territorial ejercido por bandas delictivas y del impacto que este tenía en su derecho a la vida, la integridad física y la libertad de circulación en muchas zonas del país».
Recuerda que «en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a las autoridades del Estado que evitaran estigmatizar y desacreditar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos y garantizaran que las declaraciones de las autoridades públicas fueran respetuosas con la labor de estas personas».
«Las desapariciones forzadas seguían constituyendo un desafío», señala el informe y agrega que «salvo en algunos casos excepcionales, no se reconocieron los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado de El Salvador (de 1980 a 1992)».
COSTA RICA ANTE EL DESAFÍO DE RECIBIR A MILES DE MIGRANTES QUE HUYEN DE NICARAGUA
AI opina que para el Gobierno costarricense, en 2019 «seguía siendo un desafío garantizar los derechos de miles de personas que huían de la grave y prolongada crisis de derechos humanos que había estallado en Nicaragua en abril de 2018 y solicitaban protección en Costa Rica.
El informe señala que «el Gobierno finalmente emitió un decreto que contenía directrices técnicas para la implementación del aborto terapéutico en centros de salud tanto públicos como privados», pero menciona que «el decreto, no obstante, fue criticado por quienes defendían los derechos de las mujeres, pues alegaban que sus disposiciones eran insuficientes e inadecuadas para superar los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres en relación con este procedimiento».
También recoge las denuncias de organizaciones locales por «campañas de desprestigio y ataques en las redes sociales contra defensores y defensoras de los derechos humanos, sobre todo contra quienes defendían los derechos de las mujeres o de las personas LGBTI o el derecho al territorio, la tierra y el medioambiente, y contra integrantes de sindicatos».
PANAMÁ Y BÉLICE, INEXISTENTES PARA AMNISTÍA INTERNACIONAL
En el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en América de Amnistía Internacional, Panamá y Belice son los dos únicos países de la América continental y sus islas más importantes que, sin explicación alguna, ni son mencionados ni se les dedica un capítulo aparte. EFE
av/lnm