Radio América. El profesional del derecho, Raúl Pineda Alvarado, este lunes se refirió a la situación política del país, por ejemplo, a la elección de la Corte Suprema de Justicia y a la admisión de recursos de inconstitucionalidad contra la Junta Directiva del Congreso Nacional en la Sala de lo Constitucional.
Ante tal situación, el entrevistado en Radio América, siente que es el momento que las fuerzas sociales llamen al orden a los políticos y les diga que Honduras tiene problemas tan graves, ya que sería absurdo caer en una discusión que solo sirve para generar incertidumbre y confrontación entre los tomadores de decisiones en el Gobierno.
Indicó que, si la Sala de lo Constitucional considera que la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional es una ley, entonces habría problemas, pero si la ve como un acto interno o de corte administrativo, que legislativa, pues el panorama cambia totalmente y el recurso de inconstitucionalidad no sería procedente.
Sin embargo, el abogado es del criterio que la situación debe resolverse a través del diálogo y negociaciones, pero hay que hacer algo con la Directiva del Congreso que preside Luis Redondo.
Sobre el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia, Pineda Alvarado, opinó que la búsqueda de magistrados debe ser por consensos e independientemente de su militancia política, «pero si se piensa en el reparto, entonces el problema se agudizaría y pudiera convertirse en una crisis».
No obstante, entrevistado aseveró que en algunos días se conocerá cuáles son los intereses oscuros que pretenden entorpecer el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia el cual debería ser tranquilo y consensuado.
Refirió que el prestigio del gobierno y todo el plan de campaña del Partido Libre, órbita alrededor de la presencia de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) que venga a combatir los actos de corrupción, «pero si no lo hacen, entonces quedarían muy mal», advirtió el analista de temas nacionales.
Además, soslayó que, si se declara inaplicable el decreto de Amnistía, entonces ya no habría reservas para que la Misión Internacional venga realizar su trabajo anticorrupción en Honduras.
«Yo creo que el país debería de presionar a los tomadores de decisiones para que actúen con madurez y no estén pensando mediante maniobras tomar cuotas de poder para favorecer intereses oscuros o personales», instó el profesional de las leyes.
Información: Rony Salinas y Vilma Aceituno.
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