Radio América. Ante el progresivo paro de labores en la prestación de servicios públicos de salud y educación, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó hoy un diálogo abierto, incluyente, transparente y fructífero, con visión de país, sobre condiciones básicas de vida digna en Honduras.
“Hemos urgido el diálogo entre quienes ejercen colectivamente sus derechos humanos de reunión, asociación, de pensamiento y de expresión, y el Poder Ejecutivo que, en representación del Estado, debe dar respuesta a sus peticiones”, acotó.
El ombudsman hondureño expresó su preocupación luego por más de dos semanas se ha desatado una crisis nacional en salud y educación, con impactos sobre el goce de derechos humanos inalienables, como la vida, integridad personal, salud y otros derechos de cada uno de los habitantes.
Indicó que, sin perjuicio de lo aplicable a los servicios atinentes a la educación, el CONADEH ha constatado la continuidad de la atención en los establecimientos de salud, a nivel nacional, en las áreas críticas, entre otras, en las de emergencia, labor y parto, por lo que ha hecho llamados a médicos y enfermeras a que, como mínimo, atiendan esas áreas, en su totalidad.
Los dirigentes de la Plataforma de Defensa de la Salud y Educación expresan que su protesta social es por la necesidad de una mejor calidad del servicio de salud y de educación, a lo cual consideran se oponen los contenidos de decretos de emergencia que, a su entender, abren vías de privatización y despidos masivos. Hasta ahora, la derogatoria de esos decretos es planteada como una precondición al diálogo.
Por su parte, el Poder Ejecutivo responde que, por medio de esos decretos, no se abre ninguna de esas vías y lo que se busca es transformar los sistemas de salud y educación para mejorar su calidad, y que está dispuesto a dialogar.
Las invitaciones al diálogo y las aproximaciones respectivas se están haciendo infructuosamente, por intermedio del Secretario de Estado en el Despacho de Educación y la titular de la Secretaria de Salud.
Herrera Cáceres, declaró que, hasta el momento, sólo tienen como acreditada, por una parte, la razón actual de confrontación que es la disparidad de criterios en cuanto al contenido e implicaciones de los decretos ejecutivos de emergencia en salud y educación y, por otra, el objetivo que cada una de las partes invoca y que coincide en ser objetivo común de ambas, buscar la calidad en salud y educación.
El Defensor del Pueblo es del criterio que, en democracia, la mejor respuesta a la protesta social es el diálogo abierto, inclusivo, transparente y fructífero en perspectiva de visión de país, un diálogo excluyente de la violencia por ser ésta incompatible con la reivindicación de derechos humanos.
A lo anterior, añadió que urge un diálogo con sujeción a los estándares internacionales de derechos humanos, un diálogo con la conciencia de que nadie tiene el derecho de impedir o amenazar arbitrariamente, con acciones u omisiones, los derechos humanos inalienables que corresponden individualmente, a todas las personas, sin excepción alguna.
Por ello, deben protegerse de todas las amenazas o impedimentos provenientes de agentes, ya sean públicos o privados, que obstaculicen su ejercicio, en particular de los derechos a la vida, integridad personal, salud y otros interrelacionados, que son propios de cada una de las personas que habitan Honduras.
“Un diálogo sin amenazas, represalias ni precondiciones, con obligación de resultados consensuados y fomento de la confianza en su cumplimiento, por medio de políticas públicas expresas”, precisó.
Para el Ombudsman hondureño, el Gobierno tiene el deber de impulsar e incentivar ese diálogo, fomentando la confianza como vía idónea hacia acuerdos nacionales que constituyan la respuesta democrática a la protesta social, además, los grupos sociales deben ser consecuentes con esa respuesta hacia el objetivo democrático esperado.
Comentó que la salud y educación son servicios públicos de bienes esenciales, en la vida individual y social, al igual que lo son también otros como el trabajo, la alimentación, el agua, la energía eléctrica, el medio ambiente sano y la seguridad.
Agregó que son esenciales todos aquellos bienes que deben suministrarse obligatoria y apremiantemente, por el Estado, para el ejercicio, la protección y el respeto de los derechos humanos de los habitantes a gozar de condiciones de vida digna y de desarrollo sostenible hacia el bienestar progresivo, en condiciones de seguridad humana y de justicia social.
Exhortó que sin perjuicio de los temas inmediatos de diálogo social que conduzcan a un Pacto Nacional por la Salud y Educación, es necesario que el mismo se amplíe, con todos los actores sociales, a esas necesidades, igualmente urgentes, constantes y entrelazadas directamente con esos temas.
“En materia de derechos humanos, es necesario atender integral y prontamente los problemas prioritarios de subsistencia de la población como los derivados de la pobreza y exclusión social, y de la falta de desarrollo sostenible”
El Defensor del Pueblo recomendó al Gobierno de Honduras que, ante los diferentes reclamos y tensiones nacionales derivados de reivindicaciones sociales que importan a la subsistencia de los habitantes se habilite un marco de diálogo y concertación sobre seguridad humana para el desarrollo sostenible que, además de salud y educación de calidad, aborde luego otros temas prioritarios.
Entre estos temas mencionó el empleo productivo y trabajo decente, el acceso y equidad en el servicio público de energía eléctrica, acceso al agua, acceso a la alimentación y nutrición, protección del medio ambiente sano y adaptación al cambio climático, la prevención y lucha contra la violencia y la delincuencia.
Información: Douglas Varela
Fuente: Conadeh
