EFE: Un tribunal de Honduras decidió este jueves nuevamente reprogramar para el 15 de noviembre la lectura de la sentencia contra tres personas por irregularidades en la concesión de un proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016.
La lectura de sentencia contra los tres imputados estaba programada para este viernes, no obstante, la fecha fue removida por tercera vez, denunció el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que fundó Cáceres.
«La audiencia programada para determinar la condena de los culpables en el caso de fraude del Gualcarque fue nuevamente reprogramada porque la juez ponente no ha culminado con la elaboración de la misma, y una vez finalizada, debe ser revisada por el resto de jueces firmantes», indicó el Copinh.
Esto significa que los acusados por este caso, denominado ‘Fraude sobre el Gualcarque’, no conocerán las penas que les serán impuestas hasta el próximo 15 de noviembre.
Por este caso, el tribunal hondureño declaró el pasado 3 de mayo culpables a Roberto David Castillo y Carolina Lizeth Castillo, por fraude, y a Raúl Pineda, exalcalde de San Francisco de Ojuera, departamento occidental de Santa Bárbara, por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.
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Roberto David fue condenado en 2022 a 22 años y seis meses de prisión por la muerte de Cáceres, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 cuando el acusado era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.
La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras ha solicitado siete años de cárcel para Roberto David y Carolina Castillo por fraude, y 12 años para el exalcalde de San Francisco de Ojuera por falsificación y usurpación de funciones.
El juicio contra los tres condenados demostró que la concesión del río Gualcarque fue «un fraude» que involucró «corrupción, usurpación y falsificación de documentos por parte de funcionarios públicos», y que este caso fue «el origen del asesinato de Berta Cáceres» en 2016, señaló el Copinh.
Exigió que se investigue a todos los implicados en este caso y que el Estado de Honduras «revise y modifique su modelo energético para asegurar que no viole los derechos humanos y respeto a las comunidades indígenas».
El Copinh enfatizó que lograr la justicia en este caso es «una lucha por el respeto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas en Honduras» y debe, además, «sentar un precedente significativo en la lucha contra la corrupción».
El caso fue investigado por la otrora Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA). EFE
