-El Ministerio Público ejecuta este miércoles en todo el país la Operación Omega III y en acciones frontales contra la corrupción inscribió ante el Registro de Propiedad (IP) la medida cautelar precautoria de aseguramiento sobre nueve bienes inmuebles y tres empresas relacionados al Antejuicio promovido en contra del alcalde y la regidora de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Nasry Juan Asfura Zablah y Nilvia Ethel Castillo Cruz, respectivamente.
A ambas autoridades edilicias la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) les supone responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos, fraude, uso de documento falso y violación de los deberes de los funcionarios.
Caso por el que se apeló la resolución de un juez de privación de dominio que inicialmente se negó al autorizar dichos aseguramientos y que ahora los declara procedentes pero deniega su incautación y traspaso a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por lo que nuevamente se planteará un recurso, esta vez ante un Tribunal de Alzada.
Tales bienes plenamente identificados en Tegucigalpa corresponden a dos lotes en residencial Lomas del Molino fase I propiedad de Nasry Juan Asfura Zablah, una vivienda en la residencial Zarahemla etapa II propiedad de Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela.
De igual forma una vivienda en residencial Prados Universitarios propiedad de Nilvia Ethel Castillo Cruz y una vivienda en la colonia Kennedy propiedad de Oscar Rolando Uriarte Romero, al tiempo que una vivienda y un lote en la aldea Las Flores, Teupasenti, El Paraíso, propiedad de Wilmer Gerardo Rodríguez López.
Asimismo, las medidas de aseguramiento incluyen a la sociedades mercantiles Cementos S.A. (CESA), Inversiones Varias S.A. (INVASA) y Desarrollo de Construcciones Equipo S.A. (DECOESA), ubicándole a esta última tres locales en Torre Morazán de Tegucigalpa.
En este expediente, una vez que el Antejuicio adquiera el carácter de firme a lo interno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la UFERCO tendrá vía libre para interponer el Requerimiento Fiscal por un desvío de 28 millones de lempiras de las arcas de la alcaldía, los que utilizaron en beneficio personal y de terceros no relacionados con la comuna capitalina.
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