La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, presentó los resultados del monitoreo ciudadano sobre el «Seguimiento de la ejecución del Presupuesto General de la República 2026» correspondiente al primer semestre del año; señalando que el país ha entrado en una dinámica financiera insostenible al adquirir deudas para pagar deudas.
Los datos presentados por ASJ revelan que de cada 100 lempiras que el Estado destina hoy a saldar la deuda pública, 38 lempiras provienen obligatoriamente de contratar nuevos préstamos y 43 de los impuestos que pagan los hondureños. Esta alarmante dependencia del crédito representa el 38% del financiamiento total de la deuda y presiona gravemente los recursos de la Administración Central, que ya depende en una cuarta parte del endeudamiento continuo para poder operar.
En paralelo a esta acumulación de deuda, la ineficiencia burocrática mantiene paralizada la inversión pública. Al cierre de junio, el aparato estatal apenas logró ejecutar el 35% del presupuesto total de L 443,966.69 millones. Esta inercia obliga a las instituciones a gastar a marcha forzada el 65% restante —unos L 289,191.72 millones— en los seis meses que le quedan al año, lo que eleva el riesgo de que los recursos se utilicen de manera apresurada, ineficiente y con poca transparencia.
Por otro lado, 6 de las 82 instituciones de la Administración Central concentran el 71 % del presupuesto, lo que refleja una alta concentración del gasto público en un reducido número de entidades. La mayor asignación corresponde al servicio de la deuda pública, que absorbe el 35.7 % del presupuesto, seguido por la Secretaría de Educación (24.9 %) y la Secretaría de Salud (16.2 %). En menor proporción, los recursos se destinan a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (9.4 %), Secretaría de Seguridad (7.1 %) y la Secretaría de Defensa Nacional (6.6 %).
Durante la presentación del informe se señaló cómo el congelamiento de los recursos públicos afecta de forma directa los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables, ensanchando las brechas de exclusión social. Para el caso, la Secretaría de Salud apenas muestra una ejecución del 34.5%, un letargo burocrático que provoca que el 25% de los pacientes no reciba sus tratamientos médicos completos.
De igual forma, la Secretaría de Educación apenas reporta un 42.2% de ejecución general, manteniendo paralizados programas como el proyecto de «Matrícula Gratis», el cual se encuentra en cero lempiras ejecutados de los L 700 millones asignados, el Programa Nacional de Alimentación Escolar registra L 3 millones de un fondo de L 6 millones, y la infraestructura escolar acumula apenas una ejecución de L 9 millones frente a los L 166 millones presupuestados; una parálisis que ocurre mientras más de 1.1 millones de niñas, niños y adolescentes hondureños continúan fuera del sistema escolar.
Por otro lado, la asignación de los fondos públicos muestra serias distorsiones, por ejemplo, el 70% del presupuesto para justicia se concentra en Seguridad y Defensa —dejando apenas un 29% para la investigación del crimen— tras un aumento de más de L 1,533 millones en equipo militar y gasto operativo. Este desequilibrio coincide con el descalabro de la ENEE, cuyos gastos semestrales superaron por L 4,338.72 millones a sus ingresos por venta de energía, acumulando más de L 15 mil millones pendientes de pago a proveedores, mientras las pérdidas del sistema siguen estancadas en un 38%.
Las instituciones obligadas a garantizar la transparencia y rendición de cuentas tampoco han ejecutado la mitad de los recursos asignados, el Tribunal Superior de Cuentas registró una ejecución del 49 % y el Instituto de Acceso a la Información Pública apenas del 31 %, mientras los indicadores de la Cuenta del Milenio evidencian persistentes debilidades en control de la corrupción, eficacia gubernamental y Estado de derecho.
Ante este panorama, ASJ reiteró la necesidad de establecer un cronograma trimestral de ejecución con metas intermedias transparentes y verificables para evitar que el grueso del gasto se concentre en el último trimestre. Además, señaló que el desafío consiste en mejorar la calidad de la ejecución presupuestaria, priorizando proyectos que impulsen la economía y mejoren el bienestar de la población.
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