(EFE).- El asesinato del ambientalista hondureño Juan López, perpetrado en septiembre de 2024, evidencia los «altos riesgos» que enfrentan quienes denuncian daños al ambiente y exigen rendición de cuentas en el país, alertó este lunes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
La organización, capítulo local de Transparencia Internacional (TI), indicó en un comunicado que la muerte violenta de López ocurrió en un contexto de «creciente conflictividad socioambiental y cuestionamientos» al poder local, lo que refleja la «vulnerabilidad persistente» de los defensores del territorio.
López fue asesinado a tiros el 14 de septiembre de 2024 dentro de su vehículo tras salir de una iglesia en Tocoa, en el Caribe de Honduras, a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de su labor ambiental, López era concejal de la Alcaldía de Tocoa por el opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) y su lucha se centró en la protección de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras Mejía», frente a proyectos extractivos de grandes conglomerados, enfatizó la ONG hondureña.
Semanas antes del crimen, la tensión en Tocoa aumentó tras las denuncias del activista sobre presuntas «irregularidades en la gestión de permisos ambientales» y su exigencia de «transparencia y responsabilidad» a las autoridades locales, agregó.
«Su muerte generó preocupación nacional e internacional, tanto por la gravedad del crimen como por lo que revela sobre la fragilidad de los mecanismos estatales de resguardo para personas defensoras», sostuvo la ASJ.
En el ámbito judicial, tras una detención fallida de tres sospechosos liberados por falta de pruebas, el Ministerio Público (Fiscalía) capturó a otros tres presuntos ejecutores, cuyo caso se encuentra en la jurisdicción de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.
Sin embargo, la ONG denunció que el proceso aún no cuenta con «una sentencia firme» ni se ha identificado a los autores intelectuales, una omisión que, añadió, mantiene «abiertas las demandas de justicia y esclarecimiento total del crimen».
Iniciativa
El caso ha sido incluido en la iniciativa «Guardianes Silenciados», impulsada por la ASJ con apoyo de la Embajada Británica, que documenta patrones de violencia y omisiones institucionales contra defensores en Honduras.
Para la organización, el asesinato de López revela «la intersección entre la defensa del medio ambiente, la exigencia de transparencia y las estructuras de poder que operan en zonas de alta conflictividad».
«Su caso muestra cómo la vulnerabilidad se incrementa cuando un líder comunitario enfrenta simultáneamente intereses económicos, presión política y ausencia de protección estatal efectiva», señaló.
El caso de López subraya que la defensa de los bienes comunes y la rendición de cuentas siguen siendo actividades de «alto riesgo» en Honduras, un país donde la protección estatal efectiva para los líderes territoriales continúa siendo una tarea pendiente del Estado. EFE
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