Radio América. «Asistencia intermitente, más del 37 % del presupuesto destinado a viáticos y subvenciones, y falta de voluntad polÃtica para promover el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho», marcan la gestión del Congreso Nacional en los primeros cuatro meses del año, reveló este miércoles el informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la iniciativa juvenil Democracia en Acción.
El año anterior, el Poder Legislativo se sumergió en una crisis que tuvo como resultado una parálisis legislativa que duró cuatro meses, provocando arbitrariedades por parte de la Junta Directiva a través de la Comisión Permanente, que potenció la conflictividad polÃtica en el Congreso Nacional, baja producción legislativa y poca o nula respuesta a los temas prioritarios del paÃs, generando a su vez polarización y conflicto en los diferentes sectores de la sociedad, señaló el organismo civil.
Asistencia de diputados
En ese contexto la ASJ indicó que en 2024, los legisladores han tenido un promedio de asistencia de 73 % en 28 de 38 posibles dÃas sesionados.
En el caso particular de asistencia por bancada, la más alta corresponde a los partidos Salvador de Honduras y Democracia Cristiana, con un global de 13 de 15 sesiones; seguidos por Libre y Liberal con 11 de 15 sesiones; Nacional con 10 de 15 y el Partido Anticorrupción con 9 de 15.
En total, apenas tres diputados permanecieron en las 15 sesiones completas, mientras 38 participaron la mitad del tiempo de duración de estas, precisó el documento.
El informe señaló que desde enero han sido presentados 255 proyectos de ley, de los cuales sólo 55 (21.5 %) fueron aprobados y los 191 restantes (74.9 %), engavetados.
Entre los decretos aprobados figuran 11 contrataciones de endeudamiento externo por 34 mil millones de lempiras, nueve amnistÃas y exoneraciones, cuatro condecoraciones, dos ampliaciones al estado de excepción, tres elecciones de segundo grado, dos relacionados a cultura y patrimonio, tres de tipo social y 21 nuevas leyes, reformas y presupuesto, evidenciando la falta de voluntad polÃtica para atender los grandes temas de paÃs que fortalezcan la democracia y el Estado de Derecho.
Cabe destacar que proyectos beneficiosos para la población en materia de protección a vÃctimas de violencia doméstica, adultos mayores, pacientes oncológicos y áreas forestales, también fueron aprobados.
Proyectos engavetados
No obstante, siguen engavetados otros proyectos de importancia como la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas, la Ley de AutonomÃa de las personas con discapacidad, la nueva Ley procesal electoral y la Ley de prevención y erradicación del trabajo infantil.
Además, están pendientes de discusión y aprobación otras leyes para el fortalecimiento del Estado de Derecho, tales como la Ley del Consejo de la Judicatura, Ley de Colaboración Eficaz, la Ley de Transparencia y acceso a la información pública, entre otras.
En cuanto al presupuesto, de enero a abril de 2024 se han ejecutado L 362.5 millones, de los que L 75.4 millones se destinaron a sueldos de los diputados, L 54.2 millones a viáticos, L 2.6 millones a viáticos para viajes al extranjero y L 80.5 millones a subvenciones (Fondo Departamental).
Reducir mora legislativa
Ante los hallazgos, ASJ y Democracia en Acción instan al Congreso Nacional a eficientar la labor de las diferentes comisiones para reducir la mora en la producción legislativa, evitando el rezago a través del seguimiento oportuno a los proyectos de Ley presentados y la implementación de una verdadera agenda que responda a los intereses de paÃs.
En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas para el cumplimiento a los indicadores de Gobierno Abierto, sugieren actualizar, presentar y publicar los datos operativos, financieros, en tiempo y forma, en un formato accesible o de datos abiertos que sea de fácil manejo para la ciudadanÃa.
El Poder Legislativo es uno de los principales órganos garantes del fortalecimiento de la democracia y el robustecimiento de la institucionalidad pública.
Es indispensable que los diputados del Congreso Nacional legislen sobre temas prioritarios, en favor de la ciudadanÃa, tomando en cuenta sectores históricamente excluidos, y realicen las reformas pertinentes a las leyes que ayuden a fortalecer el Estado de derecho.
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