Radio América- La opacidad en la que se ha manejado el proceso de renegociación de 18 contratos de generación de energía eléctrica, a la que se suman diversas inconsistencias legales, podría derivar en una hipoteca del futuro del país, advirtió este miércoles la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en la divulgación de la auditoría social a los contratos renegociados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El informe consta de una exhaustiva revisión de los 18 contratos de suministro de potencia y energía suscritos por la ENEE.
El análisis incluye las adendas correspondientes, la presentación expuesta por la ENEE al Congreso Nacional (CN), el proyecto de ley de adendas de los contratos, así como informes del Centro Nacional de Despacho y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
Mientras Honduras es el país centroamericano con la más alta pérdidas eléctricas totales, con el nivel más bajo de electrificación, las tarifas más altas y el único que aún sufre apagones, las renegociaciones efectuadas por la empresa estatal, no parecen dejar mayores beneficios a los hondureños.
Pese a que se prometió una discusión de acceso público, el CN argumenta que las adendas tienen cláusulas de confidencialidad; sin embargo, los contratos fueron publicados en el Diario Oficial “La Gaceta” al momento de su aprobación.
Revisión de contratos
Por otra parte, la Procuraduría General de la República firmó un convenio de revisión de contratos en proceso de depuración, pero aduce no tener los contratos de energía en sus registros.
La ENEE sostiene que las adendas serán publicadas una vez sean aprobadas o improbadas por el Congreso Nacional, lo que impide a la ciudadanía tener acceso a estos documentos.
Un ejemplo de estos contratos renegociados en condiciones poco transparentes fue el suscrito en el año 2008 con Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. de C.V. (CECHSA – planta Brassavola), sin operación efectiva durante 16 años.
Las nuevas condiciones de este contrato no establecen precios de referencia de la importación de gas, transporte, regasificación y demás elementos que permiten estimar un costo real, tampoco la duración de la indexación del nuevo contrato y a partir de qué fecha iniciaría el escalamiento.
En 2024 se modificaron las condiciones de tecnología, potencia, plazo y ubicación sin establecer precios de referencia claros.
Aunque se esperaba una inyección de 150 MW a 180 MW, según informes del Centro Nacional de Despacho, la planta reportó una capacidad disponible de apenas 58.33 MW en mayo de 2024. Las proyecciones indican que el aumento en tarifa de CECHSA será 4.18 %, lo que equivale a L 62.7 de una factura mensual residencial de L 1,500.
Renegociaciones
Otros impactos en las renegociaciones se traducirán en escasas rebajas en las tarifas para los consumidores.
Tal es el caso de la generación solar, que su rebaja en la facturación de la ENEE tendría poca incidencia en la tarifa del usuario final, reduciendo sólo un 0.26 %; o el de la generación eólica con una rebaja de un 0.33 % en la tarifa del usuario final.
Cabe señalar que el ahorro por la renegociación de los 18 contratos no tendrá un impacto en los estados financieros de la ENEE.
Según la Ley General de la Industria Eléctrica, estas rebajas deben ser trasladadas a la tarifa de los usuarios finales.
Si en lugar de ampliar en cinco años los plazos de ocho plantas solares a USD 0.11 y hubiera realizado una licitación abierta, pública, competitiva y transparente en 2030, la ENEE pudo haber ahorrado USD 88,066,056.59 y hubiera obtenido precios similares a los de Costa Rica, que fue de USD 0.057/kWh.
Recomendaciones
Considerando estas y otras inconsistencias, ASJ recomienda la transmisión en vivo y en horario diurno de los contratos renegociados, para permitir el acceso público, así como una discusión detallada de cada contrato en sus tres respectivos debates.
Con respecto las condiciones del contrato de CECHSA, que lo convierten un nuevo contrato con generación altamente costosa, ASJ considera que no se debe aprobar.
Además, insta al Congreso Nacional a promover la transparencia y rendición de cuentas, asegurando que las decisiones tomadas beneficien verdaderamente al pueblo hondureño, mediante la aprobación de contratos que cumplan con la ley y garanticen ahorros para la población.
Información: ASJ
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