Quito, (EFE).– Ecuador vive este viernes su duodécimo día consecutivo de protestas contra la carestía de vida y las políticas económicas del Gobierno de Guillermo Lasso, un conflicto que ya supera al de octubre de 2019, cuando las movilizaciones paralizaron al país durante 11 jornadas seguidas.
Aunque no comparten las mismas causas, las similitudes entre ambos episodios son numerosas, pues en ambos casos han tenido como principal promotora de las protestas a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y en las dos oportunidades el conflicto ha acabado concentrado en el centro de Quito, con episodios violentos.
En número de víctimas, las protestas de 2019 continúan por encima al registrar una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos, de los que un tercio aproximadamente eran miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que en el conflicto actual hay de momento cuatro manifestantes muertos y varios centenares de heridos entre protestantes, policías y militares.
En 2019, el estallido social fue provocado por la abrupta eliminación de los subsidios a los combustibles, lo que condujo a que numerosos sectores sociales, como los transportistas, acompañaran a los indígenas y amplificaran la repercusión de la movilización hasta que el entonces presidente Lenín Moreno dio marcha atrás.
Ahora el fenómeno viene liderado por el movimiento indígena tras sentir que los distintos momentos en los que se ha sentado a dialogar con Lasso durante su primer año de mandato no han dado sus frutos respecto a sus variadas demandas.
DECÁLOGO DE DEMANDAS
La Conaie reclama un pliego de diez demandas, entre ellas que se reduzcan y congelen los precios de los combustibles, que se controlen los precios de los productos de primera necesidad, que no se privaticen empresas del Estado y que no se amplíe la actividad petrolera y minera en la Amazonía, entre otros puntos.
Pese a que el Gobierno ha aprobado algunas demandas de este pliego, el movimiento indígena mantiene en pie las protestas hasta no ver cumplidas la totalidad de sus exigencias.
Como hace ahora casi tres años, el punto neurálgico de la movilización se ha ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Quito, y en su aledaño parque de El Arbolito, que el jueves volvió a ser escenario de intensos y fuertes enfrentamientos entre policías y manifestantes, igual que en 2019.
En torno a este parque ubicado a escasa distancia de la Asamblea Nacional (Parlamento) se volvieron a construir barricadas por parte de los manifestantes y se prendieron numerosos fuegos para quemar ramas de eucalipto que contrarrestaran el abundante gas lacrimógeno lanzado por las fuerzas de seguridad.
Aunque tanto en las protestas de 2019 como en las actuales se han registrado actos violentos, las que hoy cumplen 12 días han presentado una escalada que ha incluido la quema de unidades policiales, el incendio de patrulleros y de vehículos militares.
SIN DIÁLOGO A LA VISTA
Lo que todavía no ha ocurrido es un proceso de diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones promotoras de las marchas, algo que se dio en 2021 y ayudó a resolver el conflicto.
De momento el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, principal promotor de las protestas, se ha negado en reiteradas ocasiones a sentarse a conversar con el Gobierno, y para ello pedía a cambio que se permita el ingreso a la Casa de la Cultura, se derogue el aún vigente estado de excepción decretado por Lasso y se garantice que se abordarán todas las demandas.
Si bien el Gobierno le concedió el jueves el acceso a la Casa de la Cultura para instaurar una «asamblea popular», esta no se instaló hasta este viernes y el jueves continuaron los altercados después de que la Policía disolviese con gases y armamento antidisturbios una marcha que llegó hasta la Asamblea Nacional.
La convocatoria al diálogo, que Lasso aceptó de primeras, ha sido realizada por numerosas organizaciones civiles y religiosas, incluida la Conferencia Episcopal, y cuenta con el apoyo técnico de la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas. EFE
