Radio América. El gerente de incidencia de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), César Ramos, manifestó en las últimas horas que habría factores que podrían repercutir en una nueva extensión del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS).
“Hay intereses de carácter político que siempre están en juego, pero también hay razones para justificar”, comenzó diciendo el representante de la CASM.
El entrevistado mencionó que los hondureños amparados en este beneficio, pueden justificar la necesidad de una extensión del permiso al menos hasta diciembre de 2023.
Ramos recordó que la nación centroamericana ha sido objeto de las afectaciones climáticas de Eta e Iota en 2020 de los cuales aún Honduras no termina de recuperarse.
En ese sentido expresó que la tormenta tropical “Julia” y otros temporales de invierno han reactivado la vulnerabilidad de muchas zonas sensibles a las lluvias, como lo es el Valle de Sula.
“La verdad es que Honduras es un país muy vulnerable ante estos eventos y esta es una de las razones a tener en cuenta para argumentar la necesidad de la ampliación del TPS.
El representante del organismo remarcó que la cancillería hondureña ya hizo en meses anteriores la formal solicitud de redesignación del programa a EEUU.
Por tanto “diríamos que hay esperanza que pueda conseguirse la ampliación, pero hay signos de interrogación porque la decisión de la Corte puede ser otra”,
Eso podría significar un acelerado incremento de las deportaciones de hondureños amparados en el TPS, cuando se estima que alrededor de 60,000 estarían bajo ese beneficio.
Un artículo de Los Angeles Times señaló recientemente que después de más de un año de negociaciones, las conversaciones de conciliación entre la administración Biden y los demandantes de un recurso sobre el TPS fracasaron.
El anuncio de que las negociaciones con la administración del presidente Joe Biden se interrumpieron esta semana estaría dejando a más de 250 mil personas en riesgo de deportación.
A lo anterior se suman las preocupaciones por las fricciones entre cancillería y la embajadora de los EEUU en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien el pasado martes se refirió a algunas políticas del gobierno hondureño que podrían incidir en la mejora de la inversión extranjera.
Esto fue interpretado por Honduras como signos de “injerencia” de la diplomática estadounidense, pues estiman que sus palabras en lugar de formar una crítica sana podría incidir para que la misma se aleje en lugar de venir al país.
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Con el reporte de: Reinel Gutiérrez