Radio América. Caso de COVID-19 dentro de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto de Támara, Francisco Morazán, “era de esperar”, afirmó a través de Radio América el presidente del Comité de Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.
“Realmente esto era de esperarlo pues no es el primero, recodemos que en ‘El Pozo’ de Ilama, Santa Bárbara, ya se reportó la primer muerte, por lo que este es el segundo caso y solo resta esperar que no pase a más”, manifestó.
Maldonado resaltó que, desde el inicio de la pandemia por Coronavirus, ellos levantaron la “voz de alerta” para que se siguieran protocolos de bioseguridad en todos los centros penitenciarios de país.
“Lo dijimos principalmente para la cárcel de mujeres Cefas, ya que las privadas de libertad tienen a sus hijos con ellas, mientras que en la Marco Aurelio Soto hay más de 7 mil reclusos, por lo que nos preocupa su vida y seguridad”, indicó.
El defensor de los DDHH, aseguró que lo que “más indigna” es que el Poder Judicial no acate el visto bueno dado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que determinaba el cambio de medidas para aquellos reos que son parte de la población más vulnerable al contagio del virus.
“Hubo un tribunal que estableció que, porque están suspendidas las garantías en el Estado de Honduras, como que no le importó que podía continuar la prisión preventiva para los detenidos”, añadió.
Resaltando que el principal problema de bioseguridad radica en que se sigue enviando reos a las cárceles nacionales, así como el ingreso de personal, algo que, según Maldonado, se puede convertir como una tragedia parecida al asilo de ancianos Perpetuo Socorro de San Pedro Sula, Cortés, donde hay varios abuelitos contagiados por el virus, de los que al menos tres han fallecido.
Finalmente reiteró que se debe brindar todas las medidas preventivas mínimas a este grupo poblacional, mascarillas y gel, algo que en días anteriores había sido anunciado por las autoridades nacionales, pero que hasta el momento no “ha llegado a ellos”.
