Radio América. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), este viernes se pronunció sobre el Gobierno quien anunció que asumirá la responsabilidad del pago de dinero a los aportantes afectados por la empresa “Koriun Inversiones”.
En el comunicado el organismo empresarial señalo que “Koriun Inversiones no es una institución financiera autorizada ni supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), como lo exigen las leyes que regulan el sector financiero hondureño».
Enfatizó que la captación de fondos del público es una actividad reservada exclusivamente a instituciones legalmente autorizadas.
Los depositantes, por tanto, asumieron voluntariamente un riesgo al entregar su dinero a una empresa no regulada, motivados por promesas de ganancias extraordinarias, propias de esquemas financieros de tipo piramidal.
‘Precedente nocivo»
Además, que «el uso de fondos públicos para cubrir pérdidas privadas es jurídicamente improcedente y establecería un precedente nocivo, abriendo la puerta a futuros fraudes que podrían generar reclamos similares, lo que afectaría la sostenibilidad de las finanzas del país».
Por lo cual, «rechazamos cualquier iniciativa con ese objetivo pues carece de sustento legal y viola principios básicos del derecho administrativo y presupuestario”.
En tal sentido la CCIC soslayó que los recursos del Estado deben ser destinados al bienestar común, no al rescate de «inversiones riesgosas realizadas por particulares».
De igual manera, el ente empresarial manifestó que «cualquier intento de utilizar estos fondos para indemnizar pérdidas privadas sería injusto para los millones de hondureños que cumplen con sus obligaciones fiscales o que esperan mejora de los servicios básicos como salud, educación y seguridad”.
Investigar
“Exhortamos a las autoridades competentes a identificar, investigar y sancionar a los verdaderos responsables del esquema fraudulento, incluyendo a quienes diseñaron, promovieron o facilitaron su funcionamiento», refiere el pronunciamiento.
Agrega que esto incluye también la posible omisión de deberes por parte de entes públicos con competencias de supervisión, control o fiscalización”, prosiguió el comunicado.
Por tal razón, “instamos al Estado a enfocar sus esfuerzos en la educación financiera, el fortalecimiento institucional y la justicia efectiva, en lugar de comprometer el bienestar colectivo con indemnizaciones que podrían poner en riesgo el desarrollo del país”.
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