Desde la instalación de albergues temporales para retornados hasta amenazas de expulsar una base militar de EE.UU. Así afronta Centroamérica la promesa de deportaciones masivas del nuevo Gobierno estadounidense de Donald Trump, que tendría un fuerte impacto en esta región emisora histórica de migrantes y que depende, en gran medida, de las remesas de su diáspora en la nación norteamericana.
El llamado Triángulo Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras y donde viven más de 30 millones de personas, es el protagonista de esta historia de migración irregular hacia EE.UU. que comenzó hace décadas, impulsada por la pobreza y la violencia, y que en el 2018 entró en una nueva etapa con las caravanas migrantes.
Tom Homan, el designado por el republicano Trump para dirigir su promesa de deportar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que viven en EE.UU., ha sostenido que pretenden poner en marcha este plan desde el día uno de la nueva Administración, el próximo lunes.
La promesa de Trump llega cuando el Gobierno saliente del demócrata Joe Biden alcanzó un récord de deportaciones en el año fiscal 2024, con 271.484 inmigrantes expulsados, la mayor cifra en una década, es decir, incluso por encima de las realizadas en cualquier año de la primera administración del líder republicano (2017-2021).
Es así que en el 2024, la cifra de salvadoreños deportados por EE.UU. creció un 22,2 %, respecto al año anterior, y la de guatemaltecos lo hizo en un 11,5 %, mientras que en el caso de los hondureños se redujo en un 30,1 %, según los datos oficiales.
La migración centroamericana en cifras
De acuerdo con los datos oficiales, en Estados Unidos viven, bien sea de manera legal o ilegal, alrededor de 6 millones de nacionales de Guatemala (unos 3 millones), El Salvador (más de 2 millones) y de Honduras (más de un millón).
Las remesas familiares de esta diáspora que se concentra en EE.UU., de donde procede más del 95 % de estas, representan entre el 25 % y el 30 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras, el 20 % del PIB de Guatemala y el 24 % del PIB de El Salvador, de acuerdo con los datos oficiales disponibles.
Estas cifras hablan del fuerte impacto que puede tener el retorno al Triángulo Norte de los migrantes, no solo por la caída de las remesas sino también por la presión que supondría para los ya deficientes sistemas educativos, sanitarios y en materia de empleo en los tres países, marcados por la pobreza y la falta de oportunidades laborales.
No está claro si la nueva administración de Trump mantendrá la estrategia de Biden de promover la inversión del sector privado en Centroamérica para reducir la migración de sus ciudadanos, un esfuerzo que inyectó más de 5.200 millones de dólares de capital privado en Honduras, El Salvador y Guatemala, según la Casa Blanca.
El Triángulo Norte se prepara
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció esta semana el llamado Plan Retorno Seguro, que cuenta con tres fases: protección de migrantes, retorno digno con albergues y la preparación de condiciones para su reinserción digna.
«Los migrantes son héroes anónimos. Como Gobierno nos estamos preparando para la recepción de nuestros hermanos que retornarán a la Patria a partir de este año, con la firme convicción de que este momento encierra una enorme oportunidad, por lo que hemos diseñado el plan Retorno al Hogar», dijo Arévalo ante el Parlamento.
Por su parte, el Gobierno de El Salvador «está buscando las soluciones permanentes» para sus migrantes amparados por Estatus de Protección Temporal (TPS), y también está «abogando por aquellos salvadoreños que se encuentran con estatus irregular en Estados Unidos», dijo la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cindy Portal.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, señaló que «perdería toda la razón de existir» en el país una base militar que mantiene EE.UU. desde hace cuatro décadas y en la que hay unos 400 militares, si se concreta la «actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos».
En un mensaje en cadena nacional de radio y televisión con ocasión del nuevo año, Castro también expresó que esperaba que el nuevo Gobierno de Trump «sea abierto al diálogo constructivo y amistoso» y «no tome represalias innecesarias» contra los migrantes hondureños «que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana».
El plan de deportaciones masivas de Trump podría provocar una caída del PIB anual de ese país de entre el 4,2 % y el 6,8 %, lo que equivale a pérdidas de entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales, según un informe de la organización American Immigration Coalition. EFE
