Radio América. La presidenta del Colegio Hondureño de Economista (CHE), Amparo Canales, se refirió a la Ley de Justicia Tributaria, misma que será socializada este lunes 8 de mayo con el CHE.
“Como Colegio Hondureño de Economistas hemos analizado la propuesta de ley y tenemos varias coincidencias así como también expondremos nuestras preocupaciones sobre algunos elementos de la ley”, dijo.
“En primera instancia reconocemos que se requiere cambios en el sistema tributario y revertir el enfoque regresivo es un enfoque de progresividad y ese es un elemento que esta contenido en la Ley, pero la misma debe ser parte de la estrategia de desarrollo del país en el corto, mediano y largo plazo; y debe orientarse al cambio de un modelo económico hacia uno que genere crecimiento, que aumente la productividad y competitividad”, agregó.
En ese sentido, la titular del CHE manifestó que, la propuesta de Ley de Justicia Tributaria contempla algunos elementos claves que se orientan hacia el proceso de promover la innovación, investigación, inversión y desarrollo tecnológico.
“En principio es que debemos pagar los impuestos que nos corresponden, debe buscarse generar los motores de crecimiento porque hasta ahora han sido insuficientes para reducir la pobreza y generar más bienestar; la política fiscal debe ser el medio y no el fin de la política pública”, comentó.
“Incentivos fiscales deben promover el crecimiento económico, empleo, la productividad, per también tiene que racionalizar el gasto público. Hay elementos sumamente importantes en la Ley, pero hay otros que deben revisarse y enfocarse con mucha cautela”, expresó.
“La exoneraciones es una parte de la política fiscal, para lograr un sistema tributario progresivo se debe avanzar en la revisión de los gravámenes sobre la renta y la riqueza; esos son aspectos que no se tocan y deben ser parte de todo este proceso”, añadió.
“La adopción de principios de renta mundial nos parece apropiado, sin embargo deben generarse las condiciones y evitar la doble imposición; esto vendría a tener repercusiones en que las empresas decidan mantener sus utilidades, reinvertir o no traerlas al país”, apuntó.
“Si se deroga la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, repercutiría en las tarifas; son elementos que expondremos ante la comisión de dictamen”, finalizó diciendo.
Con información de Ricardo Castillo.