(EFE).- Honduras entra en la recta final de su proceso electoral, a horas de que venza el plazo legal para que se oficialicen los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, en un escenario marcado por un ajustado resultado presidencial, denuncias de fraude, retrasos en el escrutinio y acusaciones de injerencia de Estados Unidos.
Con el 99,93 % de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de diciembre como ganador al conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, con el 40,27 % de los votos, apenas 0,74 puntos porcentuales por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal.
Esa mínima diferencia desató impugnaciones, obligó a abrir un escrutinio especial de casi 2.800 actas y mantiene a la autoridad electoral avanzando contra reloj para proclamar a los vencedores de los restantes cargos en disputa —alcaldes y diputados—, ya que por ley tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados completos.
Estas son algunas claves del proceso electoral más polémico que ha vivido Honduras:
Un «empate técnico» que desató la desconfianza
Tras la jornada de votación, marcada por el civismo y la tranquilidad, la mínima diferencia entre Asfura y Nasralla, mantuvo en vilo a los aspirantes y aumentó la incertidumbre en Honduras.
Esta estrechez de resultados, sumada al retraso en su divulgación, las amenazas contra dos consejeras del CNE y las divisiones internas, debilitaron la credibilidad del organismo electoral.
Nasralla no aceptó el triunfo de Asfura y anunció que defenderá «el voto por la vía legal, cívica y pacífica hasta que se conozca por completo la verdad», sin dar más detalles, mientras que Rixi Moncada, la aspirante del gobernante partido Libre (izquierda) y relegada a un tercer lugar con menos del 20 % de los votos, denunció un «fraude y una imposición extranjera».
El factor Trump y las denuncias de injerencia
El proceso electoral también ha estado marcado por el respaldo a Asfura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) calificó como una «injerencia extranjera».
Antes de las elecciones, Trump dijo que Asfura era el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras», agregando que podrían «trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas», en relación a los nexos políticos de la presidenta Xiomara Castro con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
En este contexto, la presidenta Castro dijo que la «descarada injerencia» de Trump impidió el «libre» ejercicio del sufragio.
Trump no solo respaldó públicamente a Asfura sino que cuando faltaban dos días para los comicios anunció el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, lo que concretó días después liberándolo de una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico.
Fallos técnicos y escrutinio especial
El ente electoral ordenó un escrutinio especial de al menos 2.792 actas que presentaban inconsistencias, un proceso que se inició el 18 de diciembre, cinco días después de lo previsto y que ha estado signado por retrasos y paralizaciones derivadas de desacuerdos entre verificadores de los partidos políticos y fallos en los sistemas de transmisión de resultados.
El conteo también se vio afectado por denuncias de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López —presidenta del CNE- y delegadas de los partidos Liberal y Nacional, en un organismo integrado por representantes de las principales fuerzas políticas, sobre «dificultades internas y externas», algunas atribuidas al tercer consejero, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libre.
Acusaciones de fraude y pedidos de nulidad
El Partido Libre denunció un presunto «fraude» y solicitó la nulidad del proceso electoral, una posición respaldada por Nasralla -quien fue vicepresidente del Gobierno de Castro- alegando supuestas manipulaciones de actas y del sistema de transmisión de resultados.
En este ambiente, la empresa colombiana ASD, responsable del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares de las Elecciones (TREP), certificó el 19 de diciembre su rol técnico en el proceso y dijo que confirmaba «la integridad de la información transmitida», negando la posibilidad de fraude durante los comicios.
Plazo legal para la declaratoria
El escrutinio de las elecciones legislativas y municipales avanza contra reloj ante la posibilidad de que el país quede con un Parlamento fragmentado y sin mayorías absolutas, lo que obligaría a las fuerzas políticas a negociar pactos para poder gobernar.
Si el CNE no proclama los resultados definitivos a más tardar el 30 de diciembre el asunto pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del Partido Libre, ha advertido que la Comisión Permanente convocará al pleno para realizar “el escrutinio de cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)”, un escenario que la oposición tilda de inconstitucional.
La Comisión Permanente, con amplios poderes, fue instalada el 31 de octubre por Redondo, quien no convoca sesiones plenarias desde finales de agosto. EFE
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