Una red de corrupción compuesta por 25 alcaldes y exalcaldes y 24 tesoreros y extesoreros municipales, fue denunciada hoy por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ante el Ministerio Público (MP), por el supuesto delito de malversación de cauda les públicos por cambio de destino y violación de los deberes de los funcionarios al haber desviado más de 33.5 millones de lempiras del bolsillo de sus trabajadores.
Entre las municipalidades denunciadas por conformar la red de alcaldías se encuentran las de: Juticalpa, Talanga, Trojes, Balfate, Nacaome, Morocelí, Sonaguera, Teupasenti, José Santos Guardiola, Alauca, Chinda, Jocón, Santiago de Puringla, Concepción del Norte, Namasigüe y Naranjitos.
Según el CNA, el modo de operar en estas corporaciones identificadas en el periodo 2010 a 2020, consiste en cobrar y no trasladar la cuota de aportaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de sus operarios, que en muchos de los casos fueron utilizadas en gasto corriente; impacto que ha significado una afrenta al acceso que por derecho tienen a la cobertura social en al menos 796 afiliados y sus familias.
Esto significa que los funcionarios denunciados incumplieron su competencia conforme al ejercicio de sus cargos, puesto que, un alcalde es el administrador general y el representante legal de esa institución,mientras que el tesorero es el responsa ble de realizar los pagos que por ley corresponden a esa entidad.
Ampliando lo anterior, es importante resaltar que de acuerdo al artículo 4 numeral 6 del Reglamento del IHSS, regula a los agentes retenedores como los patronos por el deber que tienen de retener las cuotas obrero-patronales del seguro social y hacer efectivo su pago al instituto.
Por lo tanto, producto de la mala administración de fondos por parte de los alcaldes y tesoreros municipales,estos cotizantes que fueron objeto de la retención de la cuota dentro de los organismos públicos fueron bloqueados del sistema de protección, impidiendo su acceso garantizado por la Constituc ión de la República a ser atendidos en cualquier caso de enfermedades, accidentes, vejez, invalidez o muerte y obligándolos a pagar atenciones privadas.
En esa misma línea,han sido negados de sus beneficios en los subsidios de familia, viudez, orfandad, accidentes de trabajo y paro forzoso por causas legales o desocupación comprobadas.
Esta investigación reveló que mediante este millonario perjuicio se afectó directamente a la administración pública del Estado ya que no solo realizaron cobros,sino que dejaron de trasladar esas cuotas; acumulando en las municipalidades deudas (que siguen incrementándose) al IHSS que van desde los 25 hasta 140 meses.