Radio América. La Coalición Anticorrupción manifiesta que con la creación de la nueva Secretaría de Transparencia el Poder Ejecutivo busca debilitar el sistema nacional anticorrupción duplicando además las funciones de otras instituciones y aniquilando esfuerzos anticorrupción de la sociedad civil.
A través de un comunicado exponen que la creación de cualquier institución que conlleve expresamente el bien colectivo, es una noticia que debe mover al aplauso y el reconocimiento público, sin embargo, mencionan que el anuncio sorpresivo sobre la creación de la Secretaría de Transparencia, en lugar de provocar entusiasmo y esperanza, más bien genera dudas y preocupaciones.
Citan que el artículo 3 de la Ley General de la Administración Pública advierte: “No deben crearse nuevos organismos de la Administración Centralizada o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes”
Según la Coalición Anticorrupción, la creación de esta nueva institutico ya es juzgada por la ciudadanía como una evidente “jugada política” que busca concentrar de forma opaca la institucionalidad anticorrupción, en lugar de fortalecer los órganos persecutores de los delitos de corrupción.
Además, aluden que esta nueva Secretaría violentando la Ley General de la Administración Pública, duplica las funciones, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Señalan que también trata de “aniquilar” al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), organización beligerante de sociedad civil, “que con sus investigaciones y denuncias golpea de frente las mezquindades de las redes de corrupción enquistadas en el poder, que se apoderan descaradamente de los fondos públicos en detrimento de la población más necesitada y excluida”.
Si se quisiera fortalecer la transparencia y la lucha anticorrupción, esta nueva institución debió haber sido consensuada, los poderes Ejecutivo y Legislativo, fortalecerían con más presupuesto, y personal y nombrarían personas idóneas en los cargos de las instituciones operadoras de justicia y mejorarían la aplicación de las políticas públicas anticorrupción, añaden.
