Radio América. La Coalición Contra la Impunidad presentó en las últimas horas un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del decreto 154-2020 que suspende los cabildos municipales.
La abogada Heydi Alachan espera en ese sentido que la Sala de lo Constitucional resuelva admitir el recurso y su acción.
La solicitud del organismo es que el decreto sea derogado y publicado en el diario oficial La Gaceta a fin de que las corporaciones municipales puedan desarrollar cinco cabildos abiertos durante el año.
“Las corporaciones deberían garantizar presupuestariamente el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad para que la gente pueda participar presencialmente y tomar decisiones de interlocución con las autoridades”, expresó.
La profesional del derecho argumenta que la virtualidad impone “demasiados retos” incluso para el propio Estado ya que solo el 31.7% de la población tiene acceso a internet.
“Pero entendemos cuáles son los restos en materia presupuestaria y económica del país, así que lo ideal es que se habiliten los espacios de cabildo abierto presenciales con todas las medidas de bioseguridad”, apuntó.
La jurista detalló que la no realización de los cabildos da espacio a la corrupción, a la discriminación a la población pobre sin acceso telemático y violación al derecho de participación política.
La relevancia del recurso, expuso, se ampara en que la ciudadanía hondureña no va a poder participar en el porcentaje que se espera hasta que perdure la declaratoria de emergencia por la pandemia.
Es decir que se estaría limitando el espacio en los cabildos en donde las corporaciones deciden otorgar o no permisos de construcción y de operación de proyectos extractivos en los municipios.
Alachan señaló que es del conocimiento de todos que aún en cabildos presenciales existe casos de manipulación en donde las propias corporaciones se coluden con las compañías interesadas en la explotación de recursos.
Manifestó que se han dado extremos de corporaciones que llevan personas de otros términos municipales para que decidan y adulteren las determinaciones.
“Por lo que la virtualidad da mayor discrecionalidad para que esas decisiones se tomen al margen de lo que la población quiere”, concluyó.
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