RADIO AMÉRICA. La Coalición Patriótica de Solidaridad presentó observaciones preliminares al Proyecto de Ley de Reforma del Sector Eléctrico, en las que plantea una serie de medidas orientadas a proteger el patrimonio estatal, fortalecer la seguridad energética y evitar cualquier posibilidad de privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
A través de un comunicado de prensa emitido el 16 de junio de 2026, la organización informó que sus planteamientos fueron entregados a la Comisión de Energía del Congreso Nacional como parte del proceso de análisis y socialización de la iniciativa legislativa que busca transformar el sistema eléctrico hondureño.
Entre los principales puntos expuestos se destaca la exigencia de incorporar en la ley un blindaje jurídico que establezca de manera expresa el carácter de orden público, interés social y seguridad nacional del servicio de energía eléctrica, argumentando que se trata de un sector estratégico para el desarrollo del país y la protección de la soberanía energética.
Asimismo, la Coalición demandó que el proyecto deje claramente establecido que la reforma no abrirá la puerta a procesos de privatización, ya sea de forma directa o indirecta, ni de la ENEE ni de los activos estratégicos vinculados al sistema eléctrico nacional.
La organización también solicitó la incorporación de “candados legales” que impidan la venta, concesión, transferencia o pérdida del control estatal sobre bienes considerados fundamentales para el funcionamiento del sistema energético, incluyendo instalaciones de generación, transmisión, distribución, subestaciones, centros de despacho y redes eléctricas construidas con recursos públicos.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la propuesta de utilizar la figura de sociedad anónima dentro de la nueva estructura institucional. Según el comunicado, esta modalidad debe ser analizada cuidadosamente debido a sus posibles implicaciones jurídicas, patrimoniales y de seguridad nacional.
La Coalición también considera indispensable garantizar la protección del Centro Nacional de Despacho (CND), al que califica como una infraestructura estratégica desarrollada con inversión estatal y cuyo manejo debe quedar claramente definido en la legislación.
En materia de gobernanza, el documento propone fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de fiscalización sobre inversiones, contrataciones y operaciones del mercado eléctrico. Además, plantea que el Estado mantenga una participación efectiva y mayoritaria en organismos clave como el Operador del Sistema de Mercado (OSM) y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
La organización también sugiere ampliar la representación en los espacios de decisión, incorporando a consumidores, sectores académicos, colegios profesionales y veeduría social independiente, con el propósito de garantizar una supervisión más amplia y equilibrada del sistema.
Entre las recomendaciones figura igualmente la necesidad de impulsar mecanismos que permitan acelerar la electrificación rural en comunidades históricamente excluidas, transparentar las fuentes de financiamiento de futuras inversiones y fortalecer las acciones para combatir el hurto de energía mediante controles tecnológicos y sanciones más severas.
La Coalición Patriótica de Solidaridad concluyó que continuará participando de manera técnica y constructiva en el debate legislativo, insistiendo en que cualquier reforma debe garantizar la seguridad energética nacional, proteger los bienes públicos y asegurar beneficios para toda la población hondureña.
El pronunciamiento surge en momentos en que el Congreso Nacional avanza en la discusión de una de las reformas más importantes para el futuro del sistema eléctrico del país, un proceso que ha generado amplio debate entre sectores políticos, empresariales y organizaciones de la sociedad civil.
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