Radio América. Por medio de un pronunciamiento el Colegio Hondureño de Economistas Capítulo Noroccidental, dijo que se une al llamado de protesta de los gremios de la sociedad civil en contra de la Ley de la ZEDE, y aboga por su derogación, y por políticas públicas de apoyo a los municipios, a las comunidades y emprendedores nacionales.
Nosotros, profesionales hondureños conscientes de los peligros por los que atraviesa el país y de la
necesidad de cambios profundos en la gestión de los asuntos públicos nos pronunciamos en los siguientes términos:
El país vive una crisis económica, política, social, de salud y de educación que se agrava ante una respuesta lenta, descoordinada y tardía de la pandemia del COVID-19 por parte de las autoridades de gobierno. Los hospitales móviles, los triajes, las vacunas, el atraso en los pagos al personal de salud son términos que nos recuerdan cada uno de los fracasos en la gestión de la pandemia.
Los juicios en los tribunales de Nueva York, la salida de la MACCIH, así como la inoperancia de los tribunales hondureños en castigar los numerosos casos de corrupción pública señalan síntomas de una crisis política profunda.
La caída del PIB en un 9% durante el año pasado, la caída en el empleo que estimaciones preliminares la
calculan en medio millón de puestos de trabajo, así como la pérdida de ingresos de la población han
aumentado la pobreza y las desigualdades. El desempleo abierto, así como otras formas del desempleo han aumentado, afectando a todos los sectores de la población, pero en especial a los jóvenes que con ello han perdido las esperanzas en un futuro mejor.
La reactivación económica no ocurre ante tanta incertidumbre que se genera por un lento proceso de
vacunación y un año electoral que augura un retroceso político en el país y un manejo de los problemas económicos con propósitos exclusivamente proselitistas. El crédito a los pequeños y medianos emprendedores no fluye debido al ya alto endeudamiento que excluye a muchos y cuando llega es en condiciones sumamente adversas para el que lo necesita.
Por lo anterior, nosotros los economistas exigimos lo siguiente:
1. Una campaña de vacunación rápida acompañada de un proceso eficiente tanto en la adquisición de las vacunas como en la movilización de los recursos humanos y financieros requeridos. Esto será posible solamente mediante la entrega de la respuesta a expertos que garanticen una respuesta coordinada, efectiva y transparente en la detección temprana, en el tratamiento hospitalario de los infectados y en la aplicación de las vacunas.
2. Proteger en este año electoral los ingresos del gobierno, que resultan del pago de tributos y del endeudamiento interno y externo, del abuso del partido gobernante para que no terminen siendo utilizados en procesos de adquisición amañados y con enormes sobreprecios, en gastos superfluos de la burocracia, en despilfarro para comprar conciencias en la campaña electoral sin resolver ningún problema importante de la población más necesitada.
3. Rechazar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y proceder a la derogación de su ley
orgánica ya que constituye una agresión a la integridad territorial, un reconocimiento del fracaso
rotundo de la institucionalidad pública del país que, a cambio de una muy dudosa promesa de generar
empleo masivo, entrega al país.
a. La ley parte del principio que el desarrollo económico es un proceso importado que vendrá
por obra de una élite de inversionistas. Con ello se desconoce la importancia de un proceso
que esté dirigido e impulsado por la inversión nacional y complementado por la inversión
extranjera tal como lo sustenta la Constitución de la República.
b. La ley se fundamente en la idea de cimentar condiciones sumamente ventajosas a los inversionistas radicados allí, para supuestamente atraer capital y generar empleo. Los regímenes tributarios, administrativos y judiciales especiales ZEDEque contiene la Ley Orgánica de la ZEDE dibujan un escenario que contraviene los principios de un sistema económico basado en la eficiencia y justicia social.
c. En ese afán se caen en extremos que solamente despertarán el interés en capitalistas rapaces dispuestos a responder a esquemas de hacer negocios para así extraer de forma rápida y abundante ganancias del país. En el entendido que la inversión extranjera la necesitamos, no se atraerá la inversión comprometida con el respeto a las comunidades y sus patrimonios, apegada a los principios del desarrollo sostenible.
d. Las figuras del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, así como del Secretario Técnico de la ZEDE simbolizan funcionarios dotados de autoridad para crear disposiciones de cumplimiento obligatorio y administrar el territorio ajustadas a las necesidades de un grupo privilegiado de inversionistas. Estas autoridades operan al margen del principio que toda autoridad emana de la voluntad del pueblo, desconociendo así principios fundamentales de la república y la democracia.
e. La autorización concedida al Estado por medio de la ZEDE a expropiar tierras que se necesiten para la expansión de la misma, abre las puertas, bajo las condiciones precarias de la institucionalidad pública vigente, para cometer agresiones a los derechos de los pobladores sobre sus tierras y bienes.
El Colegio Hondureño de Economistas Capítulo Noroccidental, se une al llamado de protesta y repudio de los gremios de la sociedad civil, de la academia, de los pobladores, trabajadores y del empresariado a la Ley Orgánica de la ZEDE, aboga por su derogación y por políticas públicas de apoyo a los municipios, a las comunidades y emprendedores nacionales creadas en el marco de la ley, de los principios democráticos y bajo la dirección de un gobierno legítimo.
