Radio América. La presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía (AHPEE), Karla Martínez, reaccionó a la denuncia realizada por el diputado Rolando Barahona de la comisión especial de Congreso Nacional que revisa los contratos energía eléctrica.
El congresista independiente informó sobre el hallazgo de 29 contratos «amañados» en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Sin embargo, Martínez se preguntó si la irregularidad encontrada es del contrato o del procedimiento legislativo mediante el cual se aprobaron dichos contratos de generación de energía.
“Es importante establecer eso porque el precio de un contrato ha estado en la discusión pública desde hace muchos años”, dijo.
El parlamentario expuso que la tarifa regular anda en alrededor de los 8 centavos de dólar, y que el promedio de la tarifa de estos contratos son 20 centavos de dólar, lo que significa un daño para la población hondureña y la razón por la cual Honduras tiene las tarifas energéticas más altas de Centroamérica.
La experta defendió que, en primer lugar, esto obedece a un llamado del mercado económico que en ese momento estaba necesitando Honduras, “pero además de los costos de mercado que en ese momento tenía las diferentes tecnologías y situaciones para poder brindar el suministro”.
En ese sentido, explicó que además del costo, la mayoría de los contratos ya se encontraban en negociación con el gobierno, mostrando buena fe para poder solventar los problemas del sector que no solo pasan por el costo del contrato, sino por el tema de pérdidas, desabastecimiento y el ver cómo se va a contratar la nueva generación o en general toda la regulación que constantemente ha estado cambiando.
Agregó que es importante entender hasta dónde llega la injerencia de la parte particular y privada y dónde comienza la de la parte pública o legislativa.
Mencionó que toda empresa que quiere operar en el sector comienza a cumplir con los requisitos para tener un contrato, a partir de ahí las partes suscriben un contrato y se firma en este caso con el comprador que es la ENEE.
“A partir de ahí llegan esos contratos firmados al Congreso Nacional y el privado no tiene ninguna injerencia en ese procedimiento”, aclaró.
Insistió que “como empresa privada actuamos de buena fe, con confianza, (…) por lo que sorprende porque nosotros confiamos en la certeza jurídica y en el bien hacer de las entidades públicas”.
Con información de Héctor Murillo
