Radio América. El séptimo informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), donde se denuncia la compra de mascarillas N-95 no aptas para uso médico, “solo constituye una conducta criminal de funcionarios públicos”, condena la vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Maribel Espinoza.
Sin embargo, aclarara que Honduras se encuentra en una encrucijada dado que se ha legislado a favor de la impunidad donde el Ministerio Público no rebasa esos obstáculos legales y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), tiene un “claro” conflicto de interés.
“En definitiva, lo que estamos viendo es el descaro de los quienes gobiernan; la oposición en el Congreso Nacional ya dio el primer paso en derogar el Código Penal, que hoy por hoy el Partido Nacional quiere ignorar su derogatoria, sin embargo, es responsabilidad de los fiscales enjuiciar a estos corruptos a la brevedad del caso.
Con información de Estela Rovelo
