RADIO AMÉRICA_. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) instó mediante un comunicado a las autoridades hondureñas a perseguir el delito de manera efectiva y garantizar mecanismos de reparación para las víctimas del crimen organizado, en medio de la persistente ola de violencia que afecta al país.
Según datos del ente defensor, entre 2020 y 2025 Honduras registró un promedio aproximado de nueve muertes violentas diarias, sumando 19,261 víctimas en ese período. De esa cifra, 8,428 personas equivalente al 44% perdieron la vida en casi 37 meses bajo el estado de excepción, vigente entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025.
Asimismo, el director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del CONADEH, Daniel Cáceres, recordó que desde la institución se ha recomendado de manera constante la formulación de una política integral de seguridad ciudadana.
“Se ha estado recomendando continuamente la formulación de una política de seguridad ciudadana que tenga en consideración en qué territorio deben focalizarse mayormente los recursos”, expresó.
En tanto, señaló que la estrategia de seguridad no debe limitarse únicamente a la reducción de homicidios y extorsión. “Se deben utilizar otros indicadores, no únicamente enfocarse en la reducción de los homicidios y la extorsión, sino también en delitos como la trata de personas y el desplazamiento forzado”, afirmó, al tiempo que explicó que estos parámetros permitirían a la Secretaría de Seguridad identificar con mayor precisión las áreas críticas y definir prioridades.
El diputado de Libre Hugo Noé Pino, se pronunció sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, fijando su postura respecto a los alcances de la iniciativa.
El parlamentario afirmó que “es ilegal y por su objeto es inconstitucional”, y explicó que… pic.twitter.com/xE4HaQqsgx
— Radio América HN (@radioamericahn) February 17, 2026
Respeto a garantías constitucionales
Por otra parte, el CONADEH recomendó la creación de un registro único de detenidos, en el que se consigne el nombre completo, número de identidad y la causa de detención de cada persona, como una medida orientada a fortalecer la transparencia y el respeto a las garantías fundamentales.
En esa línea, Cáceres advirtió que las capturas por sí solas no garantizan justicia. “De nada sirve detener a una persona si el sistema de justicia no tiene suficientes medios probatorios para poder iniciar un proceso judicial”, subrayó.
Además, cuestionó la efectividad de las detenciones masivas sin resultados concretos en los tribunales. “No basta con capturar una cantidad de personas, sino cuántas de esas personas han sido encontradas culpables por el delito que se les imputa”, puntualizó.
El defensor enfatizó que las acciones de los funcionarios públicos deben estar ajustadas al respeto de la Constitución de la República y planteó una interrogante sobre los límites de las actuaciones policiales: “¿Realmente están dispuestas las personas a dejar la ‘puerta abierta’ a la Policía Nacional o cualquier agente estatal para que pueda entrar y capturar a las personas aún sin medios de prueba?”, cuestionó.
Falta de pruebas
De igual forma, insistió en la importancia del acceso a la justicia y reiteró que la falta de pruebas suficientes provoca que muchos detenidos sean liberados posteriormente. “De nada sirve capturar personas si luego son liberadas porque ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público tenían los medios probatorios suficientes para encausarlos”, sostuvo.
Cáceres también fue contundente al señalar que el fenómeno criminal no se limita a sectores vulnerables. Tanto el crimen organizado como el común “no solamente se encuentran en los barrios y colonias con menor índice de desarrollo, sino que también se encuentra hasta en estructuras estatales”, indicó, citando lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, el representante del CONADEH enfatizó que la justicia efectiva es la verdadera demanda ciudadana. “Hablar solamente de capturar personas de manera aleatoria no va a satisfacer el derecho a la justicia ni va a garantizarles por sí solo a las personas una seguridad ciudadana”, afirmó.
“Lo que nos interesa a nosotros, como CONADEH, es que en el país sí se castigue la criminalidad, que se persiga al delito y existan medios de reparación para las personas que han sido víctimas del crimen organizado”, concluyó.
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