Radio América. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que los asesinatos de personas defensoras del ambiente en Honduras no son hechos aislados, sino el resultado de un abandono que se repite y que convierte la defensa del territorio y los recursos naturales en un riesgo constante y estructural que ha dejado más de un centenar de víctimas en los últimos 11 años.
«Qué está fallando en Honduras para que la defensa de los bosques, los ríos y la naturaleza se conviertan en una “sentencia de muerte”, se preguntó la asesora en derechos humanos del CONADEH, Abigail Canales.
Explicó que, en Honduras, el marco normativo existe, pero no protege, el país ha ratificado múltiples tratados internacionales, además, tiene un andamiaje normativo nacional de protección que reconoce los recursos naturales como un bien jurídico de todas las personas y un sistema nacional creado para proteger pero sin embargo, no hay una protección efectiva.
Agregó que la respuesta estatal sigue siendo «tardía», insuficiente y los conflictos siguen creciendo cada día, por lo que se concluye que el problema no es la ausencia de normas sino la incapacidad de operar en la realidad.
Falta un marco que regule la consulta previa, libre e informada
Canales indicó que hay un vacío normativo que está generando grave conflictividad en los territorios y es que no existe, en Honduras, un marco que regule el proceso de consulta previa, libre e informada ante proyectos de impacto ambiental y que las autoridades no saben cómo efectuarlas.
Mencionó, como ejemplo, que la Ley General de Minería establece en su artículo 67 la obligación de consultar a la ciudadanía previo a una concesión minera y lo remitan a la Ley de Municipalidades para que, a través de las corporaciones municipales, se efectúen los cabildos abiertos.
Sin embargo, señaló que esa figura no cumple con los requisitos mínimos para la participación y transparencia, lo que termina en procesos en los cuales una porción de la comunidad llega a la alcaldía, levante su mano y que, al final, aprueben un proyecto que tiene impactos más allá de la comunidad.
Agregó que hay proyectos que terminan impactando en todo el país, lo que genera mayor conflictividad y, por ende, riesgos en contra de los defensores ambientales.
Cuestionó que el Estado lejos de mediar en el conflicto y buscar una solución pacífica genera mayor división y que cuando el Estado no ordena el territorio los conflictos persisten y se trasladan a las comunidades, lo que da como resultado un contexto generalizado de riesgos y violencia contra quienes defienden los recursos naturales.
Muerte de defensores del ambiente genera miedo colectivo
La muerte violenta de los defensores de la tierra, los territorios y del ambiente genera miedo colectivo y un efecto inhibitorio, paraliza las denuncias y las acciones comunitarias por temor a sufrir el mismo destino, señaló.
Un informe divulgado el 26 de marzo, por el CONADEH y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que, entre el 2015 y el 2025, al menos 111 ambientalistas fueron asesinados, cuyos crímenes se mantienen impunes en el 92% de los casos.
De total de víctimas, 100 eran hombres y 11 mujeres, de los cuales, 65 dedicaron su vida a la defensa de la tierra, 17 a la defensa de los ríos, 11 defendían la tierra frente a la agroindustria, 10 se dedicaban a la defensa de los bosques y 6 a la defensa de la tierra frente a la minería.
3 departamentos registran el 65% de los casos
12 departamentos del país fueron escenario de la muerte violenta de las 111 personas defensoras de la tierra, los territorios y del ambiente, sin embargo, el 65% de los casos se concentró en los departamentos de Colón (38), Yoro (20) y Atlántida (14).
Otros departamentos que registraron la muerte de defensores de la tierra, del territorio y del ambiente fueron La Paz, Olancho, Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Intibucá, Choluteca y Comayagua.
Entre el 2020 y el 2025 la muerte violenta de defensores de la tierra, los territorios y del ambiente ascendió a 66, que representa el 59% de los casos registrados desde el 2015. En el 2023 se registró el mayor número de casos con 18.
En lo que va del 2026, al menos 4 personas que se dedicaban a esa actividad perdieron la vida en circunstancias violentas.
El último hecho ocurrió el pasado 23 de marzo con el asesinato de Josué Reyes, defensor del Río de Chachahuala, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.
Información: Douglas Varela
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