El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), consideró hoy, que las constantes muertes de privados de libertad, en los centros penitenciarios, es un reflejo de la falta de seguridad y que no se garantizan adecuadamente los derechos humanos de esa población.
“Es una necesidad impostergable asegurar la mejor gestión penitenciaria que ponga a la población a salvo de una serie de hechos que van desde fugas, heridos, lesionados y hasta privados de libertad que han perdido la vida violentamente” señaló en un comunicado.
Indicó que el Estado hondureño, a través del Instituto Nacional Penitenciario, debe garantizar la seguridad apropiada en el interior de los centros penitenciarios, para evitar riñas, lesiones y muertes de los privados de libertad.
De igual forma, el ente estatal, recomendó la necesidad de establecer protocolos y mecanismos de seguridad, tendientes a evitar la fuga de internos.
Esto explica, según el CONADEH, la necesidad de personal más profesional, formado especialmente para atender a los privados de libertad y sus familiares en el interior y exterior de los centros penales.
Añadió que el propósito es fortalecer la capacidad de control interno y externo que se necesita para cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos en su conjunto, asegurar el cumplimiento de las condenas, rehabilitar y reinsertar ciudadanos útiles a la sociedad.
El CONADEH establece, en un informe que, como resultado de las quejas atendidas de la población penitenciaria y sus familiares, así como de las visitas e inspecciones constantes que realiza su personal a los centros y privados de libertad, se ha evidenciado y encontrado la persistencia de una serie de vulneraciones a los derechos humanos.
Entre estas vulneraciones mencionó, el retardo en la aplicación de justicia, hacinamiento, inseguridad interna provocada por las riñas entre los privados de libertad, situación que deriva en lesiones y muertes, carencia de los medios de rehabilitación y fugas, entre otras.
Se estima que, en los últimos ocho años, más de 500 privados de libertad han muerto en los centros penales del país en circunstancias violentas.
En septiembre de 2018, se produjo un hecho violento en el Centro Penitenciario de Morocelí (La Tolva) en donde, existió una riña entre personas privadas de libertad con resultados lamentables de dos muertos y doce heridos.
Este miércoles, la Penitenciaria Nacional de Tamara fue escenario de un nuevo enfrentamiento entre miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y reos comunes conocidos como “Paisas” que dejó como saldo 3 privados de libertad muertos y decenas de heridos, lesionados y fracturados.
El CONADEH abogó nuevamente por una gestión penitenciaria ordenada y segura que proteja el orden interno, que brinde un trato decente y humano a las personas privadas de libertad y que asegure sus derechos humanos y proceso de rehabilitación, sin perjuicio de evitar fugas que pongan en riesgo la protección de la sociedad.
El ente estatal instó a las autoridades penitenciarias a cumplir con su deber de realizar diligente y oportunamente investigaciones efectivas que lleven a la identificación de las causas, así como proceder a la sanción de los responsables de tan lamentables hechos.
En el 2012, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró al Estado hondureño de ser responsable de la violación de la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, las 107 personas privadas de libertad que perdieron la vida en el Centro Penal de San Pedro Sula.
En la sentencia se determinó que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal.
Además, que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas.
Indicó que el Estado hondureño debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad.
Información: Douglas Varela
Fuente: Conadeh.
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