Radio América. Al menos 3,113 personas privadas de libertad es la sobrepoblación que mantienen en sus instalaciones una decena de centros penales del país, lo que se constituye en vulneración a sus derechos, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Al 31 de enero del 2026, Honduras cuenta con más de una veintena de centros penales, de los cuales, 11 están sobrepoblados mientras que 10 no sobrepasan la barrera de su capacidad.
La situación actual es de tal magnitud que solo el Centro Penal de Támara con capacidad para 4,579 personas privadas de libertad cuenta con una población de 5,636, es decir una sobrepoblación de 1,057.
En lo que respecta al Centro Penal de El Progreso en Yoro, la sobrepoblación es de 538, el Centro Penal de Morocelí con 445 y el Centro Penal de Danlí 428, estos dos últimos en el oriental departamento de El Paraíso.
También se encuentran sobrepoblados los centros penales de El Porvenir, Atlántida con 151 personas, Marcala, La Paz con 125, el de Olanchito con 124, Nacaome 105, además, el de Santa Rosa de Copán, Yoro y el de Ocotepeque.
Joselin Padilla, Oficial de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del CONADEH declaró que la sobrepoblación constituye, por sí misma, vulneraciones a la dignidad humana.
Limitaciones
Cuando hay una sobrepoblación en la capacidad instalada, en los centros penitenciarios, existen limitaciones en servicios básicos, servicios médicos, psicológicos y, acceso a la justicia, entre otros, agregó.
Explicó que la sobrepoblación de 3,113 privados de libertad, en los distintos centros penitenciarios del país, indica que persisten aún las vulneraciones a los derechos humanos de esta población.
Cuando existen estas vulneraciones, en los centros penitenciarios, hay responsabilidad del Estado porque, precisamente, están bajo la guardia y custodia de autoridades estatales, señaló.
De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario (INP), entre los centros penitenciarios del país sin sobrepoblación están el de Ilama en Santa Barbara, el de Siria en el Porvenir, el de Choluteca, Juticalpa en Olancho, el de Gracias, Lempira, el de Comayagua, el de Atlántida, el de La Paz y Puerto Lempira.
Evitar la militarización de los centros penales
Padilla es del criterio que conforme a los estándares internacionales y de acuerdo a lo establecido por distintos expertos de la ONU, se insta a los Estados a que eviten políticas de seguridad militarizadas, especialmente, en centros penitenciarios, puesto que no son la autoridad idónea para llevar a cabo procesos de rehabilitación o de reinserción.
Más bien se insta a que si ya existe un modelo militar que se trabaje en un plan de desmilitarización para poder pasar la gestión penitenciaria a las autoridades que les compete, en este caso, a la academia penitenciaria, porque son quienes reciben la formación para poder llevar a cabo los procesos de rehabilitación y reinserción efectivos en los centros penitenciarios, concluyó.
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