RADIO AMÉRICA._ El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con el apoyo de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, presentó el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en Honduras 2025, un documento fundamental elaborado por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) y que revela que, entre 2016 y 2025, el CONADEH atendió 95,850 quejas a nivel nacional.
Resaltan que de la cifra anterior la UDFI identificó y brindó atención específica a 10,077 quejas presentadas por personas en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado interno, involucrando a un total de 24,864 personas afectadas. Esta sistematización de datos permite identificar tendencias, perfiles y zonas críticas para orientar con precisión la respuesta institucional.
Quejas
Detallan que específicamente en 2025, la UDFI registró 676 quejas relacionadas con este fenómeno, afectando a 1,406 personas, de las cuales el 70% correspondió a personas en riesgo de desplazamiento y el 30% a personas ya desplazadas. Ante esto, la Comisionada Izaguirre invitó a reflexionar profundamente, recordando que «detrás de cada estadística hay rostros, historias y miles de familias que se han visto obligadas a dejarlo todo, abandonando sus hogares para salvar sus vidas frente a la violencia y la desprotección».
Asimismo, el informe identifica que los principales hechos violentos asociados al desplazamiento fueron amenazas (40%), tentativa de homicidio (10%), violencia doméstica (9%), asesinato de parientes (9%) y extorsión (6%). En este apartado se concluye que, en cuatro de cada diez quejas atendidas las personas denunciaron ser víctimas de amenazas.
Mujeres y niñas
En el caso de las mujeres y las niñas, se identifican -con mayor frecuencia- hechos vinculados con violencia doméstica, intrafamiliar, sexual y el asesinato de familiares. Por su parte, los hombres presentan mayor incidencia en hechos de violencia como; la tentativa de homicidio, lesiones y el despojo de tierra.
Otros de los hallazgos del informe establecen que, los departamentos con mayor número de quejas fueron Francisco Morazán (22%), Cortés (16%), Choluteca (11%), Olancho (7%), Atlántida (6%) y Yoro (6%). A nivel municipal, el informe destaca la concentración de casos en ciudades como el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Juticalpa.
El informe también muestra impactos diferenciados. Del total de personas afectadas, el 51% fueron mujeres y el 49% hombres. Además, se registraron 245 niñas, niños y adolescentes afectados, 19 quejas vinculadas a personas de los pueblos indígenas y afrohondureños, 15 relacionadas con personas LGBTIQ+ y casos de personas con discapacidad, lo que evidencia la necesidad de respuestas con enfoques diferenciados.
De igual manera, el informe también revela que las personas a cargo del hogar (20%), los comerciantes (15%), los docentes (9%), agricultores (6%) y los abogados (4%) figuran como las profesiones u oficios más afectados por el desplazamiento forzado interno.
Por su parte, el 50% de las personas desplazadas o en riesgo de desplazamiento señalaron como supuestos responsables a personas conocidas, el 19% a personas desconocidas, además, fueron mencionados miembros de partidos políticos, de maras, policías y militares entre otros.
Recomendaciones
Al respecto, una de las recomendaciones puntuales en el informe, es la implementación efectiva de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, para ello urge la aprobación de su reglamento, así como la asignación de recursos al Fondo para la Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente, y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.
“Este informe nos permite ver con mayor claridad dónde están los riesgos, quiénes son las personas más afectadas y qué respuestas deben fortalecerse. La evidencia es clave para prevenir nuevos desplazamientos, proteger a las personas que ya han sido obligadas a huir y acompañarlas en el proceso de reconstruir sus vidas con dignidad”, afirmó Kathryn Lo, Representante de ACNUR en Honduras.
El desplazamiento forzado interno en Honduras se mantiene como una crisis persistente y en constante evolución. El fenómeno afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, evidenciando que la respuesta institucional del Estado sigue siendo insuficiente.
La titular del CONADEH, Abg. Blanca Izaguirre, advirtió que. “el desplazamiento forzado genera temor e incertidumbre, provocando impactos profundos como la ruptura de los vínculos familiares y la pérdida de medios de vida, además de limitar severamente el acceso a derechos esenciales como educación, salud y vivienda”.
Añade que, este informe sobre el desplazamiento forzado de personas en el 2025, refleja la gravedad del problema y la necesidad de atenderlo de forma conjunta, articulada e institucionalizada entre el Estado, la sociedad y el apoyo de la cooperación internacional.
El Estado hondureño tiene la obligación y la responsabilidad primaria de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas desplazadas internamente, recordó
Durante el evento de presentación, la titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, reconoció y agradeció profundamente a ACNUR por ser uno de los aliados estratégicos más fuertes de la institución, destacando una alianza consolidada que, a pesar de los múltiples desafíos nacionales e internacionales a lo largo de los años, sigue apostándole a la dignidad humana y a los derechos de las personas más vulnerables.
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