El Ministerio Público (MP) acudió a una audiencia de revisión de medidas en la que la defensa del exalcalde de Talanga, Roosevelt Eduardo Aviléz López, solicitó su excarcelación, no obstante, esto fue denegado y se confirmó la medida cautelar de prisión preventiva por la supuesta comisión del delito de lavado de activos.
Esta petición, la representación legal del exedil la sustentaba en certificaciones médicas privadas con diagnósticos de desmejoramiento general de salud, lo que a criterio de la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional debÃa de ser contrastado por especialistas del sistema de salud pública del Estado y de Medicina Forense, ordenándose asà las evaluaciones pertinentes.
Como se recordará, en marzo pasado la parte defensora ya habÃa pretendido obtener un sobreseimiento definitivo a favor de Aviléz López, su esposa Nancy Mareyil Santos RÃos y los miembros de su cÃrculo familiar Bella Esperanza RÃos Zúniga, Fadde Saroginy Aviléz López y César Vladimir Leiva RÃos, basados en las polémicas reformas hechas el año anterior en el Congreso Nacional a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, lo que también les fue rechazado, debido a que se estableció por parte del ente acusador un delito precedente y vÃnculos con un hondureño pedido en extradición a Colombia por el gobierno de Honduras, paÃs en el que fue capturado en 2019 tras cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos.
En este caso, la FiscalÃa Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), señalan a los acusados de un delito de lavado de activos superior a los 367 millones de lempiras, razón por la que en el marco de la Operación Real, el 18 de octubre de 2021, se les aseguraron 131 bienes inmuebles, 43 vehÃculos y tres sociedades mercantiles.
Estos bienes fueron puestos a la orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y por lo que simultáneamente se ejecutaron 11 allanamientos de morada y cuatro inspecciones a negocios en las ciudades de Tegucigalpa, Talanga, San Pedro Sula y Puerto Cortés.
El 12 de enero pasado, luego de la audiencia preliminar desarrollada en el Fuerte Cabañas, el Juez de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal argumentó que existÃan suficientes indicios y pruebas para emitir el respectivo auto de apertura a juicio, remitiendo la causa a Tribunales de Sentencia.
En relación a este expediente, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico recibió denuncia en fecha 23 de marzo de 2013 en contra del ciudadano Roosevelt Eduardo Aviléz López, en la cual se manifestó su supuesta participación en una estructura dedicada al tráfico ilÃcito de drogas, producto de la cual ha incrementado su patrimonio, y de la cual hacen parte varios miembros de su núcleo familiar.
Cabe mencionar que el Ministerio Público recibió posteriores denuncias en los años 2014 y 2015.
Fue asà que después de profundizar con las diligencias investigativas dirigidas a identificar el patrimonio del denunciado y de su cÃrculo familiar, se logró establecer la existencia de un aumento patrimonial evidentemente desproporcionado en relación a las actividades económicas generadoras de ingresos, pudiendo deducirse, en virtud de las denuncias recibidas y las técnicas especiales de investigación empleadas, que dicho patrimonio proviene de actividades relacionadas al tráfico ilÃcito de drogas.
De manera que, del análisis financiero y patrimonial en donde se identificó al señor Roosevelt Eduardo Aviléz López un total de 164 millones 474 mil 934 lempiras con 86 centavos sin justificación de su origen en relación a la indagación de sus actividades generadoras de ingresos.
En iguales condiciones se encuentra su cónyuge Nancy Mareyil Santos RÃos, puesto que después del análisis de toda la información patrimonial y financiera, se determinó la cantidad de 157 millones 452 mil 974 lempiras con 94 centavos que se encuentran de igual manera sin poder justificar un origen legÃtimo.
De su lado, la imputada Bella RÃos no justifica un incremento patrimonial de 23 millones 498 mil 356 lempiras con 52 centavos, mientras que la imputada Fadde Avilés López no acredita, ni justifica, un incremento patrimonial de 21 millones 601 mil 42 lempiras con 17 centavos.
