Radio América. Este martes, el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista de Florida, Byron Donalds; envió de nuevo una carta al secretario de Estado, Antony Blinken y a la representante de Comercio, Katherine Tai, sobre su «preocupación por las medidas que está adoptando el Gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro, para aplicar una política que efectivamente expropiaría importantes inversiones estadounidenses del sector privado en el país».
Carta integra (traducción no oficial).
Estimados Secretario Blinken y Embajadora Tai:
En julio de este año, firmé una carta bipartidista en la que expresaba mi preocupación por las medidas que está adoptando el gobierno de la presidenta hondureña Xiomara Castro para aplicar una política que efectivamente expropiaría importantes inversiones estadounidenses del sector privado en el país. Hace más de una década, el gobierno de Honduras creó zonas de empleo y desarrollo económico especiales denominadas ZEDE e invitó a la inversión del sector privado. Empresas de Estados Unidos como Honduras Prospera Inc. respondieron y han invertido más de 100 millones de dólares en Honduras y están creando miles de puestos de trabajo en beneficio de los hondureños. La amenaza del gobierno de Castro de eliminar el marco de las ZEDE no sólo viola las garantías de estabilidad jurídica de 50 años respaldadas por el CAFTA-DR y proporcionadas a las empresas estadounidenses, sino que también tendrá el efecto a largo plazo de disuadir a las empresas estadounidenses que se planteen invertir en Honduras; eliminando así miles de puestos de trabajo estables para los hondureños que buscan empleo en su propio país.
En los pocos meses transcurridos desde la entrega de esa carta, el gobierno de Castro no ha podido conseguir los votos necesarios para derogar la ley constitucional hondureña que estableció las ZEDE. Sin inmutarse, la administración y sus aliados en el Congreso recurrieron a presionar a la Corte Suprema de Honduras para que revocara decisiones previas de la Corte y así declarar inconstitucional la ley de las ZEDE con carácter retroactivo. Esta coacción va acompañada ahora de esfuerzos irregulares por parte de la administración para reorganizar a los magistrados asignados a la sala de la Corte encargada de decidir sobre la cuestión.
La misión politizada del gobierno de Castro de poner fin a las ZEDE devastaría no sólo las inversiones estadounidenses en las ZEDE, sino que dañaría gravemente el clima de negocios para los inversionistas internacionales y nacionales estadounidenses que operan en el país. Además, este ataque a la inversión estadounidense en Centroamérica está envalentonando a entidades extranjeras, como Cuba, la República Popular China y Venezuela, que buscan expulsar las inversiones legítimas estadounidenses y aumentar su
influencia en la región.
En este sentido, aprecio y apoyo las recientes medidas proactivas de restricción de visados adoptadas por el Departamento de Estado para disuadir a los funcionarios extranjeros de participar en prácticas corruptas que amenazan los intereses de Estados Unidos y socavan el Estado de Derecho en Honduras. Las restricciones de visado para los implicados en estas actividades tendrán el efecto directo y beneficioso de mantener el clima económico y de inversión saludable para los Estados Unidos. En la misma línea, animo al Departamento de Estado y a la oficina del Representante Comercial a que envíen un mensaje firme al gobierno de Castro para que mantenga la independencia institucional de la Corte Suprema del país y proteja el Estado de Derecho.
Con el fin de alcanzar nuestros objetivos compartidos, rogamos realicen una evaluación detallada de esta situación y recomienden los pasos a seguir para que los miembros firmantes de la carta y yo podamos evaluarlos.
Atentamente,
Representante Byron Donalds
Miembro del Congreso
