Radio América. Por unanimidad de votos el Congreso Nacional este lunes aprobó la reforma de varios artículos a la Ley Orgánica del Presupuesto General de la República que consolida todos los ingresos del Estado en la Caja Única del Tesoro.
En ese contexto el decreto establece que la administración corresponderá al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), atribución que será concedida únicamente de manera excepcional, y, a través de una ley a las instituciones».
Concentración de ingresos
El diputado nacionalista por el departamento de Atlántida, Marco Midence, explicó que la reforma consiste «en concentrar todos los ingresos en una sola cuenta la cual es manejada por la Tesorería General de la República (TGR) que le pertenece a la Secretaría de Finanzas.
El parlamentario detalló que, cuando se tiene una sola cuenta, en tiempo real se conoce lo que ingresa y lo que sale, y permite una mejor administración de flujos, para que a medida que la Administración Aduanera y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) ingrese al Estado el dinero, esos recursos se puede ir administrando.
Lo anterior, dijo que permite mayor disciplina fiscal, porque básicamente lo que se gasta es lo que está presupuestado y significa que no habrá un déficit desordenado o que no va haber opacidad en el manejo de las finanzas públicas.
El congresista enfatizó que con la reforma también habrá un manejo más transparentes de las finanzas públicas, de manera, que no haya diferentes cuentas en donde posiblemente se pierde la trazabilidad y haya opacidad.
Midence, además, indicó que se permite una mejor planificación financiera, en la que se puede programar las deudas y los pagos, de tal manera, que no haya descontrol en las finanzas del Estado.
Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, manifestó que la aprobación de una reforma a varios artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto y apuntó que «es un esfuerzo por consolidar la Caja Única de la Secretaría de Finanzas».
Es decir, que todos los ingresos ya sea por impuestos fiscales o préstamos deben entrar a la Caja Única del Tesoro y de ahí salir los gastos derivados.
El legislador, sin embargo señaló que lo preocupante del decreto es que hace excepciones con instituciones públicas y por eso se filtran «montón de lagunas» que luego no se pueden controlar.
Banco Central
Indicó que el segundo elemento es que al Banco Central de Honduras (BCH) le quita la potestad de administrar los préstamos y las donaciones y se las pasa a la Secretaría de Finanzas.
«Me parece que eso viola el artículo 29 de la Ley del Banco Central y también que no tiene ninguna base de explicación», objetó el economista.
Acto seguido, el congresista expresó, «yo todavía no entiendo cuál es el objetivo de esto porque Finanzas puede en el Banco Central comprar las divisas, y si ellos dicen que les cobran al momento de las comisiones, es porque muchas veces el BCH les monetiza los préstamos, o sea, los convierte en lempiras para que SEFIN los gaste o los tenga en las reservas internacionales sin apoyo de balanza de pagos».
«Eso es una aprobación totalmente incorrecta que viola la Ley del Banco Central. Nosotros acompañamos el decreto porque lo pusieron a votación todo, pero si hubiese sido por artículos, varios de ellos no los hubiéramos aprobado», puntualizó el entrevistado.
La reforma establece que la mayoría de los recursos financieros del sector público deberán concentrarse en este sistema, con el fin de mejorar el control, la disponibilidad de fondos y la eficiencia en la ejecución del gasto.
La enmienda también fortalece las facultades de la TGR, otorgándole mayor capacidad para supervisar, centralizar ingresos, administrar pagos y solicitar información financiera sobre cuentas que manejen recursos públicos, tanto en el sistema financiero nacional como internacional.
Además, se incorporan mecanismos para mejorar la programación de caja, permitiendo una planificación más ordenada de los ingresos y egresos del Estado, así como la posibilidad de gestionar excedentes temporales de liquidez e incluso realizar inversiones financieras bajo criterios técnicos.
La nueva medida regula la emisión de órdenes de pago y establece responsabilidades para funcionarios encargados de la gestión financiera, así como disposiciones para el uso de fondos rotatorios en casos excepcionales.
En materia de transparencia, se introducen medidas para obligar a instituciones públicas y privadas que manejen recursos del Estado a reportar información financiera y reintegrar fondos no utilizados al sistema de la Cuenta Única del Tesoro.
Asimismo, se establecen lineamientos para el cumplimiento de sentencias judiciales contra el Estado, definiendo cómo se aplicarán los embargos sin afectar la operatividad de las instituciones ni el servicio de la deuda pública.
El decreto, además, incluye disposiciones transitorias que ordenan la incorporación progresiva de recursos financieros y contratos en ejecución al p del gasto público en el país.
Información: Héctor Murillo
PUEDE INTERESARLE: Presidente del CODEH propone al Congreso un «desarme general» para contrarrestar la violencia y la criminalidad
