Radio América. El actual Congreso Nacional de Honduras estaría aprobado en la próxima sesión virtual (que aún es incierta) una ley de protección especial para altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno.
Así lo alertó en las últimas horas la actual diputada y designada presidencial electa, Doris Gutiérrez.
Según explicó la parlamentaria, este proyecto de decreto que se pretende aprobar en el Legislativo contempla cuatro categorías.
Categoría uno: Presidente de la República y expresidentes de la República; presidente y expresidentes del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscal y Exfiscal General de la República.
Categoría dos: Magistrados, exmagistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones de Jurisdicción Nacional, jueces y fiscales en alto riesgo; Fiscal y Exfiscal General Adjunto de la República, secretarios, exsecretarios de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa Nacional.
Además, contempla la protección especial para el presidente, presidenta y expresidentes de las Comisiones de Seguridad y Defensa nombrados por el Congreso Nacional de la República, así como los miembros de dichas comisiones, cuando así lo aconseje el caso concreto, conforme al análisis del riesgo surgido.
De igual forma, el o la titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Categoría tres: Director y exdirectores nacionales de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, jefe y exjefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.
Asimismo, director general y exdirectores generales de la Policía Nacional de Honduras; jueces con competencia Territorial Nacional y otros constituidos para el tratamiento de casos de crimen organizado.
También, fiscales especiales constituidos para el tratamiento de casos de crimen organizado y otros funcionarios de las diferentes entes del Estado, cuyas decisiones o actuaciones en el ejercicio de sus funciones, los coloquen en una situación de riesgo extraordinario y extremos contra su integridad física, previo a su respectivo análisis de riesgo.
Categoría cuatro: Aquellos funcionarios y exfuncionarios, jefes de unidades cuya responsabilidad principal haya sido el cuidado y protección de los dignatarios descritos en la categoría uno.
Además, se considerarán dentro de esta categoría a los ciudadanos no funcionarios que hayan colaborado en la toma de decisiones de los funcionarios y exfuncionarios descritos en la categoría uno, previo a su respectivo análisis de riesgo.
Gutiérrez externó que esa seguridad que pretenden tener estos funcionarios y exfuncionarios será permanente.
“Crearán un una unidad especial de protección con un presupuesto de 250 millones de lempiras, de los cuales L125 millones serán obtenidos de la Tasa de Seguridad y el otro 50 por ciento del Presupuesto General de la República”, denunció.
La parlamentaria manifestó que es insólito que a la postrimería de este gobierno se quiera aprobar una ley especial de 17 artículos para crear un blindaje sin importarles que esta gran cantidad de dinero podría servir para atender otras necesidades básicas de la población.
Con información de Rony Salinas
