Radio América. El Congreso Nacional de Honduras aprobó en primer debate la derogación del decreto 116-2019 contentivo en la Ley Especial para la Gestión Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Fondos Públicos para proyectos de orden comunitarios, infraestructura y programas sociales.
Además, están pendiente de aprobación los decretos 57-2020 y 93-2021 que aseguran impiden al Ministerio Público poder intervenir una institución y poder secuestrar documentación directamente, asimismo, limita el acceso a la información financiera.
“La comisión especial que nombró el presidente del Congreso Nacional junto con la comisión anticorrupción hemos dictaminado favorable un proyecto de ley orientado a derogar los que son conocidos como tres pactos de impunidad”, expresó la abogada y diputada Fátima Mena.
En primer lugar, explicó que el decreto 116-2019 fue la legalización del escandaloso Fondo Departamental, fondo que fue malversado y dio origen al caso de corrupción “Red de diputados”.
Mena explicó que el decreto 116-2019 obstaculiza la investigación de la Fiscalía “porque básicamente está justificando que cualquier persona tiene un plazo de hasta tres años para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la investigue y hasta cuatro años para devolver lo robado a un interés del 2%”.
Añadió que el 57-2020 es básicamente una reforma al Código Procesal Penal que limita el accionar del Ministerio Público, el poder secuestrar documentación.
Con información de Héctor Murillo
