Radio América. En sesión virtual, el Congreso Nacional de Honduras discutía este lunes un dictamen para un nuevo préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el orden de los 35 millones de dólares.
El objetivo explicaron las autoridades del ramo es financiar el apoyo del programa de vacuna contra la COVID-19 en Honduras.
El mismo se trata de un dictamen en relación al proyecto remitido ante la cámara legislativa por el Secretario de Estado de la Presidencia orientado a la aprobación del contrato de préstamo No.2271 suscrito el 13 de mayo de 2021.
La aprobación ha levantado reacción entre los parlamentarios con críticas por parte de un sector de la oposición que se niega a seguir tramitando más dinero en nombre de la pandemia.
“Somos el país que peor ha manejado la pandemia, sin embargo, es el que más dinero ha desembolsado” durante la emergencia sanitaria, cuestionó el diputado de Libre, German Altamirano.
Por su parte, la doctora y diputada Johana Bermúdez manifestó su respaldo a la iniciativa que promueve su Partido en el Gobierno.
“No es posible que por debates estériles se vaya a retrasar el acceso a la vacuna. Entre más nos tardemos, más daño le estaríamos haciendo a nuestra población para no tener acceso a la vacuna”, dijo el diputado nacionalista, Reinaldo Sánchez.
Los recursos serán destinados a financiar la ejecución del Programa de Apoyo para la Implementación del Plan Nacional de Introducción de la Vacuna Contra la COVID-19 en Honduras, precisa el escrito.
La normativa cita el artículo 205 de la Constitucional en su numeral 19, en que se menciona al Congreso Nacional la atribución de aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno de la República.
El programa es esencial, señala, para llegar a una inoculación suficiente de la población que permita al país reabrir su actividad económica plenamente ya que Honduras a más de un año de pandemia apenas ha vacunado el 1.45% de su ciudadanía.
“En estos duros momentos en los cuales se han incrementado las cifras de mortalidad por Covid-19 es imperativo realizar las acciones pertinentes para que la población hondureña tenga acceso a la vacuna”, argumenta el decreto.
En ese sentido, la firma de este contrato vendría a financiar la compra de 2.8 millones de vacunas contra la COVID-19 para dar respuesta a dicha problemática.
