Tegucigalpa, 25 jun (EFE).- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras presentó este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal, que entró hoy en vigor, pese al rechazo de diferentes sectores que lo consideran lesivo para los derechos humanos y el combate de la corrupción.
El recurso fue presentado por la directora del Consejo Anticorrupción, Gabriela Castellanos, «vía electrónica», debido a «la ilegalidad» del nuevo Código Penal, aprobado en 2018 por el Parlamento de Honduras.
Según el CNA, la nueva normativa infringe «preceptos constitucionales» por lo que insta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras a que «ejerza el control de constitucionalidad de las leyes y convencionalidad».
«Aplicación del efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad» y que «se libre comunicación al Congreso Nacional (Parlamento) para que remita antecedentes», añadió el organismo.
El nuevo Código Penal de Honduras, que sustituye al de 1983, entró en vigor en medio de la polémica entre los que lo defienden como una necesidad para modernizar la legislación y quienes los rechazan por considerarlo un retroceso en el combate contra la corrupción, un flagelo arraigado en el país desde hace más de un siglo.
La entrada en vigencia de esa norma ocurrió pese a que este miércoles diputados de la oposición «derogaron» el Código Penal en una sesión considerada por algunos sectores como la de «un Parlamento paralelo».
Diputados oficialistas, entre ellos Mauricio Oliva, presidente del Legislativo, aseguró que la sesión celebrada por la oposición está «al margen de la ley», pero que serán las competentes las que decidan «si se ajusta a derecho o no».
El Parlamento hondureño interpuso hoy una denuncia en contra de cinco diputados opositores que convocaron la sesión en la que «derogaron» el Código Penal, por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y contra la forma de Gobierno.
Sobre la acusación, Jorge Calix, uno de los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre), que lidera el depuesto expresidente hondureño Manuel Zelaya, dijo que no se arrepiente de haber convocado la sesión para «derogar» el Código Penal.
«El Partido Nacional le pide al Ministerio Público de Honduras que me acuse por usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación a los deberes d los funcionarios y delitos contra la forma de gobierno. No hay problema. Eso sí, nunca me podrán acusar por narcotráfico ni corrupción», señaló Calix en Twitter. EFE
ac/dmt
